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XALAPA.- Vaya caso, familiares de dos mujeres originarias de la Localidad Novillero Chico, del municipio de Rafael Delgado, denunciaron presuntas irregularidades y abusos cometidos durante un operativo de cateo realizado el pasado jueves 26 de septiembre al interior de un domicilio particular. De acuerdo con sus testimonios, María de los Ángeles de Jesús Santos y Alma Yazmín de Jesús Rosas fueron detenidas sin una aparente orden judicial y sin que existieran pruebas en su contra. Denunciaron que en el despliegue participaron elementos de la Policía Estatal, Marina, Sedena y Policía Ministerial, quienes presuntamente incurrieron en un aparente abuso de autoridad. Los denunciantes afirmaron que, al no encontrar evidencia que las vinculara con actividades delictivas, los uniformados presuntamente habrían colocado drogas, armas y otros objetos para justificar la detención. También acusaron que, durante el operativo, los agentes sustrajeron pertenencias de varias viviendas, entre ellas pantallas, motocicletas, ropa, herramientas e incluso una lavadora. Los familiares indicaron que al menos cinco domicilios resultaron con daños materiales a consecuencia del operativo de seguridad, realizado sobre la calle José López Portillo, entre José Ortiz de Domínguez y Graciano Sánchez. Subrayaron que no existía orden de cateo ni mandato de aprehensión contra las mujeres, por lo que exigen que sean puestas en inmediata libertad. Ante estos hechos, solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para que se investigue la actuación de las corporaciones, se garantice el respeto a los derechos de María de los Ángeles y Alma Yazmín, y se obligue a la Fiscalía General del Estado representada por Verónica Hernández Giadans, a fundamentar legalmente los operativos. Por último, exigieron la devolución de los bienes presuntamente sustraídos y la reparación de los daños ocasionados en los inmuebles de la colonia Novillero Chico…LA COMISIÓN Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) aceptar la Recomendación 099/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sobre la desaparición de Eduardo Alejandro Ramírez Zertuche en Nanchital, ocurrida en 2016. Y es que, la CEDH determinó que “la Carpeta de Investigación no ha sido integrada con la debida diligencia” y que esta situación “constituyó un proceso de victimización secundaria en perjuicio de sus familiares”. La Fiscalía rechazó el pronunciamiento del organismo estatal. “Esta Fiscalía General del Estado de Veracruz no comparte las afirmaciones realizadas por esa Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Recomendación 099/2023, en específico en el apartado marcado con el número VIII, correspondiente a Derechos Violados”, aseguró. El organismo señaló que “la investigación contraria a lo señalado por esa Comisión se ha desarrollado de manera oficiosa, oportuna y exhaustiva, sin dejar de observar y analizar la complejidad del ilícito investigado, el lapso temporal transcurrido desde la desaparición del representado y la presentación de la denuncia”. Refirió que “el Ministerio Público como conductor de la investigación ha solicitado la colaboración de diversas autoridades para la debida integración de la indagatoria y el esclarecimiento de los hechos, así mismo, ha realizado acciones de investigación a través de la Policía Ministerial del Estado, así como la implementación de las diligencias periciales necesarias con el apoyo de la Dirección General de los Servicios Periciales”. Por último, concluyó que “no puede aceptar la Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues de manera respetuosa se considera que los posicionamientos realizados por ese Organismo Estatal se encuentran alejados de los principios de la lógica, la experiencia, la legalidad y buena fe”. No obstante, la CNDH consideró que los argumentos de la Fiscalía con los cuales pretende justificar su negativa de aceptar la Recomendación 099/2023 “no son suficientes ni controvierten los razonamientos expuestos por el Organismo Local”. Por ello, ordenó al organismo de procuración de justicia “emitir la aceptación en todos sus términos a la Recomendación 099/2023” y “emitir una circular en el plazo de dos meses, dirigida al personal de la FGE, mediante la cual se les instruya a cumplir en tiempo y forma la Recomendación 099/2023”.
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