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XALAPA.- Al cierre de 2024 había 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México de las cuales, el 35.7 por ciento de hombres presos y el 46.3 por ciento de las mujeres no tienen sentencia. Al manifestar su postura la Iglesia Católica destaca que hay urgencia moral y pública. A esto se suma la sobrepoblación que sufren varios centros de reclusión. Estos factores no mejoran la seguridad si no va acompañado de procesos ágiles, medidas alternativas usadas correctamente y programas de reinserción verificables, señaló. En el Editorial Desde la Fe, lamenta que las personas que estuvieron en prisión y obtienen su libertad -a pesar de haber pagado su condena-, enfrentan un rechazo y castigo social, por ello, hizo un llamado a la población para lograr su integración en la comunidad al considerar que es responsabilidad de todos alcanzar su rehabilitación y restauración. Recordó que el Año Santo 2025, de jubileo, busca caminos concretos de perdón, amnistía y reinserción, recordando la cercanía de la Iglesia con quienes viven privados de libertad. Reitera que la comunidad tiene la responsabilidad insustituible de acompañar. La visita, la escucha, el estudio, el trabajo dentro y fuera del penal, la atención a la salud mental y las redes de apoyo postpenal son también política de paz. Para mejorar el sistema de justicia y la reinserción social, la Arquidiócesis Primada de México recomendó garantizar una defensoría y debido proceso desde el día uno y con ello reducir el embudo de personas sin sentencia. Otorgar una educación y certificación laboral intramuros con equivalencias reales en el mercado para las personas presas. Ver por la salud mental y adicciones con continuidad extra muros. También, dar incentivos a empresas que contraten egresados, programas de “segunda oportunidad” con mentoría. Trabajar por y con personas privadas de libertad no relativiza el daño; evita que el daño se perpetúe. La seguridad verdadera se construye reinsertando vidas, no descartándolas, afirmó.
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