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XALAPA.- Según el Gobierno Federal, la ambiciosa reforma a la Ley de Amparo y a un conjunto de leyes secundarias, busca hacer la justicia más "rápida y expedita", aun cuando ha encendido las alarmas en sectores de la oposición y la sociedad civil por sus posibles implicaciones en la protección de los derechos humanos. La propuesta, enviada al Senado de la República esta semana, forma parte de un segundo paquete de leyes derivado de la reforma constitucional al Poder Judicial y toca el corazón del sistema de defensa de los ciudadanos frente a los actos de autoridad: el juicio de amparo. Pero, ¿qué busca cambiar la iniciativa? El objetivo central, según ha enfatizado la presidenta Sheinbaum, es agilizar los procesos judiciales y evitar que el amparo sea utilizado como un "refugio para quienes buscan evitar la justicia". La reforma no solo modifica la Ley de Amparo, sino que impacta al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y otras normativas clave. Los cambios más significativos se concentran en tres áreas: 1. Freno al descongelamiento de cuentas por "lavado": uno de los puntos más relevantes es limitar la suspensión en juicios de amparo relacionados con el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El gobierno argumenta que esta medida es crucial para combatir el lavado de dinero. De acuerdo con el proyecto, entre diciembre de 2018 y agosto de 2025 se han desbloqueado mediante amparos, cuentas por un monto de 27,000 millones de pesos, lo que equivale al 54.4 por ciento del total bloqueado por la UIF en ese periodo. La iniciativa propone que la suspensión provisional nunca proceda en estos casos. Sin embargo, una persona sí podrá obtener la suspensión definitiva si logra acreditar ante un juez el origen lícito de sus recursos. 2. Agilizar el cobro de impuestos: la reforma busca poner fin a la práctica de interponer "un amparo sobre otro amparo" para postergar indefinidamente el pago de deudas fiscales, un proceso que, según las autoridades, puede extenderse por más de 20 años. La idea es que la defensa se concentre en un solo juicio de amparo contra el acto final y no se utilice para dilatar cada paso del proceso de cobro. 3. Modernización y justicia digital: la propuesta incorpora el uso de herramientas tecnológicas para crear un "juicio de amparo verdaderamente digital" con plena validez legal, sin eliminar el procedimiento documental tradicional. También se establecen plazos claros, como un máximo de seis meses para la resolución de juicios fiscales en vía sumaria. Pero, la Polémica es: ¿Parlamento Abierto o "Fast Track"? El "cómo" se debe procesar la reforma ha generado un choque de visiones en el Senado. Por un lado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, ha sostenido que "urge concretar" la iniciativa por ser el "andamiaje jurídico" del nuevo Poder Judicial. Afirmó que no se ha contemplado un Parlamento Abierto, argumentando que el proyecto ya es resultado de consultas previas y representa "el sentir de la población". En el caso opuesto, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado, considera necesario un mecanismo de consulta con expertos, "llámese como se le llame". El legislador advirtió que el amparo es el "instrumento más importante para la protección de los derechos humanos" y que abrir la discusión mejora los proyectos. Una de sus principales preocupaciones es la modificación del "interés legítimo", pues teme que se pueda restringir el acceso a la justicia para grupos vulnerables o en la defensa de derechos colectivos, como los ambientales. En ese sentido, el gobierno de México, a través del Coordinador General de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, aseguró que la reforma no limita esta figura, sino que simplemente aclara sus elementos basándose en jurisprudencia ya existente de la Suprema Corte para facilitar su aplicación. El debate técnico se vio salpicado por la aparición de demandas de amparo a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes negaron haberlas promovido, fue calificada por Zaldívar como un "uso abusivo, interesado para golpear" políticamente. La presidenta Sheinbaum sugirió que este caso es un ejemplo del abuso del amparo y que "vale la pena que se incorpore este tema en la discusión" legislativa para definir mejor en qué casos una persona puede amparar a otra.
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