|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Unos 60 mil presos en Cuba son sometidos a trabajos forzados en jornadas extenuantes y sin pago justo, denunció la ONG Prisoners Defenders al presentar el Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba. El documento de 42 páginas, sustentado en 160 entrevistas (53 de ellas en declaración jurada), expone que los reclusos, tanto políticos como comunes, son obligados a trabajar en condiciones que el presidente de la organización, Javier Larrondo, calificó como “esclavitud”, una “aberración realmente repugnante” y una violación flagrante del derecho internacional. Detalla que los internos laboran un promedio de 63 horas semanales en actividades como la producción de carbón vegetal de marabú, la zafra de caña de azúcar, la elaboración de tabacos y la construcción. Sin embargo, la mayoría carece de herramientas adecuadas, medidas de seguridad o periodos de descanso, lo que provoca graves daños físicos y psicológicos. El informe denuncia que todos los encuestados aseguraron haber sido forzados a trabajar mediante amenazas, violencia o represalias, incluso cuando padecían enfermedades crónicas o lesiones incapacitantes. Además, mujeres y afrodescendientes están sobrerrepresentados entre las víctimas y sufren discriminación y violencia agravada, incluyendo abusos sexuales. En la mayoría de los casos, los presos no firman contratos laborales ni reciben un salario real; cuando existe, apenas supera los cuatro dólares al mes, una cifra simbólica frente a las ganancias obtenidas por la explotación de su trabajo. Uno de los sectores más beneficiados de esta práctica es el del carbón vegetal de marabú. En 2023, Cuba exportó 61.8 millones de dólares de este producto, consolidándose como el sexto rubro de exportación de la isla y posicionándose como el noveno mayor productor mundial. De acuerdo con Prisoners Defenders, gran parte de este carbón se envía a Europa, principalmente a España, pero también a Portugal, Italia, Grecia y Turquía. España, a su vez, redistribuye el producto hacia países como Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Prisoners Defenders responsabilizó tanto al Gobierno cubano como a las empresas europeas que participan en este comercio, motivado únicamente por un “desmedido ánimo de lucro”. La ONG instó a la Unión Europea a aplicar sus propias leyes que prohíben importar y comercializar productos provenientes del trabajo esclavo.
|
