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Xalapa, Ver.- Tras la cacería migratoria emprendida por el gobierno de Donald Trump, más de 44 por ciento de un total de 278 migrantes deportados entre mayo y julio pasados hacia Nogales, Sonora vivieron durante más de diez años en Estados Unidos, lo que generó rupturas sociales que socavan el derecho a la vida familiar y a la estabilidad comunitaria, revela un informe de la Iniciativa Kino para la Frontera. De acuerdo con el estudio, “Ellos no me dejaron decir adiós”, 39.2 por ciento de este total de las personas deportadas reportó haber sido separado de algún familiar, en la mayoría de los casos de sus parejas e hijos, muchos de ellos ciudadanos estadunidenses. la organización binacional alerta que esta práctica implica la negación del derecho a la reunificación familiar y provoca efectos devastadores en la salud emocional de niños, adolescentes y adultos, señala el documento. A ello, agrega que 57 por ciento del total de las personas deportadas residía en territorio estadunidense al momento de su detención, cuando el año pasado la agrupación registró 5 por ciento. La organización apunta que estas cifras confirman que las políticas actuales del gobierno de Trump no sólo afectan a migrantes recién llegados, sino que alcanzan comunidades establecidas desde hace décadas. Su informe, difundido por la Red Jesuita con Migrantes, se basa en entrevistas a los 278 deportados a un centro de detención temporal del gobierno mexicano instalado en Nogales. El informe precisa que 33 por ciento de las deportaciones comenzaron con una detención de las fuerzas del orden regionales o estatales, y casi la mitad de este porcentaje tienen la partición directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por si siglas en inglés), generalmente en espacios públicos, como la calle y los juzgados. Además, detalla que 60 por ciento de los arrestos se realizaron en Arizona, y el resto provenían de California, Florida, Nevada, Oregón, Texas y Washington. Durante las detenciones y encarcelamientos, las personas deportadas contaron que vivieron hacinamiento, negligencias médicas, exposición a humo tóxico, abusos verbales y físicos, así como traslados prolongados en condiciones degradantes. “Estos relatos evidencian una vulneración al derecho a la integridad personal y al acceso a servicios básicos de salud”, resalta el informe.
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