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XALAPA.- El nombre del empresario veracruzano Omar Anitua Valdovinos, propietario de la empresa de seguridad SEPIVER S.A. de C.V., que opera bajo la marca DUXON y que durante la pasada administración federal de Andrés Manuel López Obrador fue beneficiada con millonarios contratos para el resguardo de puertos y aduanas estratégicas del país, se encuentra en el ojo del huracán tras ser relacionado con el escándalo del llamado “huachicol fiscal”, una compleja red de operaciones ilícitas que involucra a compañías privadas y presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada. Y es que, de acuerdo con documentos oficiales y reportes de transparencia, SEPIVER obtuvo cinco contratos entre 2022 y 2024, orientados al servicio de protección, control y vigilancia en instalaciones portuarias de alta relevancia: la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso, Yucatán; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Veracruz; y Altamira, Tamaulipas. Los señalamientos en contra del empresario surgieron a partir de informes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, en los que se advierte que sus operaciones podrían estar vinculadas con actividades ilícitas relacionadas al tráfico de combustibles y al desvío millonario de recursos a través de esquemas de evasión fiscal. De acuerdo con esta información, Anitua Valdovinos había mantenido, hasta hace algunos años, un perfil discreto y un estilo de vida relativamente austero. Sin embargo, tras ser favorecido con contratos gubernamentales, su fortuna creció de manera acelerada, a tal grado que hoy se le atribuye la posesión de bienes de alto valor, entre ellos un avión privado, lo que ha despertado sospechas sobre el origen de su enriquecimiento. Uno de los contratos más llamativos fue difundido en la plataforma de transparencia del Gobierno Federal, donde se reveló que, en sociedad con la empresa Global Voip, SEPIVER obtuvo una licitación para el arrendamiento de un sistema de control de acceso vehicular en el puerto de Altamira, Tamaulipas. La operación significó ingresos superiores a 363 millones de pesos, además de que la presencia de SEPIVER en los puertos de Altamira y Tampico, ambos considerados puntos críticos en el movimiento de mercancías y combustibles, cobra relevancia en el marco de las investigaciones por el llamado “huachicol fiscal”. Habría que recordar que en ambas terminales marítimas fue donde se destaparon prácticas de contrabando, subvaluación de productos y tráfico ilegal de hidrocarburos. Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial un proceso penal en contra del empresario, las revelaciones lo colocan como un actor clave dentro de un sistema de complicidades que, según especialistas en seguridad y comercio exterior, habría permitido el crecimiento del mercado ilícito de combustibles en México durante los últimos años. El caso de Omar Anitua Valdovinos se podría sumar a la lista de nombres de los presuntos involucrados en la red de huachicol fiscal que involucra a empresarios y ex funcionarios.
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