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XALAPA.- Luego del proceso de entrega-recepción del gobierno estatal, la Contraloría General del Estado anunció que interpuso una denuncia penal en contra del exdirector administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Jorge Eduardo Sisniega Fernández, aunque hay quienes dicen que la medida debería extenderse a otras secretarías de la administración anterior, y llegar hasta quien controló a todas las áreas administrativas de las dependencias estatales y al jefe de éste, que además eran primos hermanos. Como fuera, también se anunció que se iniciaron procedimientos administrativos por otras irregularidades halladas. En ese tenor, el contralor general Ramón Santos Navarro recordó que la nueva administración estatal tiene un año para interponer denuncias penales luego de la entrega-recepción. Sin embargo, aclaró que “tampoco se trata de una cacería de brujas”. “Como es de conocimiento público se hizo una denuncia en contra de la unidad administrativa de la Secretaría de Salud anterior por unos actos o hechos que pueden ser constitutivos de delito, como daño patrimonial, cuyos datos se deben tener en reserva”, explicó. ¿Y las denuncias en otras dependencias, como SSP, SIOP, Espacios Educativos, CAEV, Finanzas, Sedema, Turismo, etc, etc,? El Contralor precisó que las inconsistencias que se detectaron tienen que ver con la falta de documentos y de trámites administrativos que deben ser complementados por las áreas responsables. “Son observaciones que son de cumplimiento. Se da un plazo para que las cumplan (…) si ha habido disposición de los exfuncionarios para atenderlo”, aseguró. Por otro lado, Santos Navarro advirtió que la empresa encargada de la construcción del Nido del Halcón en Xalapa podría ser inhabilitada debido al retraso significativo en la entrega de la obra. Explicó que, una vez concluido el inmueble se le harán revisiones técnicas, financieras y estructurales para determinar si existen observaciones. “En el caso del Nido del Halcón, como lo mencionó anteriormente la gobernadora, es una obra que todavía no concluye. Está por concluir y una vez que se entregue se harán las revisiones tanto técnicas como financieras y estructurales para ver si con los ingenieros que son los expertos y especialistas en estructuras hacen alguna observación”, declaró. Sin embargo, el Contralor General afirmó que si las irregularidades recaen en el contratista se iniciará un procedimiento administrativo. “Las compañías son factibles de ser inhabilitadas un tiempo en el caso de retrasos significativos. La ley marca a veces alguna posibilidad de algún retraso normal, pero si es demasiado retraso se le debe hacer una observación y se estudia la posibilidad de ser sancionadas para que no trabajen un tiempo con el Gobierno del Estado”, precisó. Y es que, la construcción del complejo deportivo ya acumula un sobrecosto de 200 millones de pesos y un retraso de seis meses. Su presupuesto original era de 730 millones de pesos, pero el proyecto pasó a costar 958 millones de pesos tras no acreditarse la propiedad del terreno. Además, debía concluirse en marzo de este año, lo que no ocurrió.
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