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XALAPA.- El decretó que prohibirá 35 plaguicidas en el país es “una medida simbólica, resultado de las negociaciones que coordinó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con los grupos empresariales de la industria de plaguicidas de síntesis química para que no afecte sus intereses económicos y no sea cuestionado mediante amparos”, comenta la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México. Su director, Fernando Bejarano González, indicó en un comunicado que el dinoseb ya se había prohibido desde 1991, la Cofepris había cancelado siete de ellos en todas sus autorizaciones desde 2016, como el DDT, endosulfán, lindano, y 13 de ellos no se podían importar desde inicios del 2020 por decreto presidencial emitido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. “Son 35 plaguicidas prohibidos, pero permanecen 200 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos autorizados con registros vigentes, exponiendo a la población a efectos graves a la salud y ambiente, como hemos dado a conocer en nuestro informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y prohibidos en otros países de 2025”, dice. Bejarano apuntó que el anuncio del decreto no incluye a ninguno de los plaguicidas altamente peligrosos de mayor venta en México, como el insecticida clorpirifos etilo, que la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes acordó en mayo de 2025 eliminar su uso a nivel mundial. Destacó que tampoco se incluye al insecticida fipronil y los neonicotinoides, prohibidos en la Unión Europea y causantes de una alta mortandad en las abejas, como han demostrado estudios de la academia y múltiples denuncias de productores. Por el contrario, apuntó, sí considera, al clorpirifos metilo, pero apuntó que se retiró del mercado desde hace varios años. Apuntó que en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Reducción y Uso adecuado de Plaguicidas, anunciada el miércoles pasado, es fundamental que se establezcan mecanismos de participación efectiva con distintos sectores especializados en el tema que no tengan conflicto de interés con la industria. Señala que también falta establecer una campaña informativa nacional hacia los productores rurales que advierta de los riesgos a la salud y ambiente de su uso ilegal e involucre a todas las autoridades competentes.
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