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XALAPA.- Durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz – y lo que va de la actual administración estatal, se reportó la detención de 29 policías estatales y municipales, tanto en activo como exelementos, por su presunta participación en desapariciones forzadas. La información obtenida vía solicitudes de transparencia forma parte de un panorama judicial en el que, en ese mismo periodo, se dictaron 36 sentencias condenatorias por delitos relacionados con desaparición. Los registros explican que expolicías estatales y municipales, así como agentes en funciones, han sido vinculados a estos crímenes en distintos años. En 2024, por ejemplo, fueron aprehendidos policías estatales en activo, mientras que en 2019 y 2021 se reportaron detenciones de exagentes. El número de víctimas asociadas varió en cada periodo, con reportes en 2019, 2021, 2023, 2024 y hasta inicios de 2025. El Poder Judicial informó que entre 2019 y 2025 se iniciaron 30 procesos penales por desaparición forzada y 55 por desaparición cometida por particulares, con un total de 41 autos de vinculación a proceso. Con relación a los resultados, se dictaron 36 sentencias condenatorias en juicios orales: 13 por desaparición forzada y 23 por desaparición cometida por particulares. No se emitieron condenas en procedimiento abreviado. En contraste, solo se dio una absolución, vinculada a un caso de desaparición cometida por particulares. En este mismo periodo se libraron 48 órdenes de aprehensión, de las cuales 41 fueron ejecutadas. De igual forma, en lo que va de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha difundido 19 boletines oficiales sobre desapariciones. Tres de los casos concluyeron en sentencias condenatorias con penas de entre 27 y 64 años de prisión, mientras que el resto corresponde a vinculaciones a proceso y órdenes de aprehensión aún en trámite. Ocho de los expedientes se relacionan con desaparición forzada y 11 con desaparición cometida por particulares. Según datos de la organización Red Lupa, el municipio de Veracruz puerto concentra la mayor cifra de desapariciones en la entidad, con 991 casos acumulados hasta mayo de 2025. En el último año se registró un aumento de más de 500 reportes. Le siguen Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos como los municipios con más denuncias. Por su parte, Anaís Palacios, defensora de derechos humanos, afirmó que aunque Veracruz ha homologado la Ley General en Materia de Desaparición y fortalecido protocolos de búsqueda, para las familias los resultados no son visibles. Advirtió que la acumulación de casos sin resolver muestra que los avances legales no se traducen en justicia. “Hay muchísimos casos de larga data de los que no se están teniendo ni localizaciones, ni tampoco la posibilidad de justicia. No solamente no estamos encontrando a las personas desaparecidas, sino que los perpetradores y los culpables siguen allá. Esto lo que está provocando es que haya una acumulación de casos y de cifras, como lo quieran ver las autoridades”, expresó. La activista refirió que la violencia de la delincuencia organizada sigue sin contenerse en la entidad. “La geografía de Veracruz es muy particular. Somos un estado de tránsito, tenemos siete estados colindantes. Creo que el territorio veracruzano tiene tanta extensión que ha facilitado los espacios de ocultamiento. Pero lo más importante es la acción de los grupos criminales, y en Veracruz no hemos parado desde 2010 de contar a los cárteles”, señaló. Palacios destacó que los mecanismos institucionales no han garantizado justicia para las víctimas. “Están diseñados para perpetuar la condición de las víctimas para que no salgan de ahí, y también el tema de la impunidad”. Recordó que, pese a los señalamientos contra el gobierno de Javier Duarte, “en 2025, 10 años después de ese periodo, no se ha podido acreditar lo sucedido. Eso refleja los ocultamientos que aún prevalecen”. Aunque reconoció una mayor empatía hacia las familias, insistió en que la justicia no debe convertirse en una simulación: “Que la justicia no sea una simulación, esas cosas que las familias saben que pueden funcionar, pero que tienen que adoptar otra forma porque el gobierno o el estado les ha dado lo mínimo”. Palacios describió la presencia de fosas clandestinas como parte de la vida cotidiana en Veracruz. “Para mí, eso es vivir en Veracruz: no saber. La fosa significa una posibilidad. Tú hablas de una fosa con alguien que no tiene un familiar desaparecido y te va a decir: ‘Ah, no, qué susto, qué miedo, debe apestar’. Hay muchas opiniones tanto de respeto como aquellas que no”, explicó. Dijo que, ante la falta de información y de investigaciones efectivas, muchas familias terminan viendo en las fosas el único escenario posible de búsqueda. En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Palacios destacó que esta fecha recuerda la obligación del Estado de actuar con seriedad. “Creo que significa el reconocimiento a nivel internacional de que la desaparición no es normal y que es una obligación del Estado prevenir, sancionar, investigar, erradicar. Y la garantía de no repetición de las desapariciones”. Agregó que la utopía para las familias sigue siendo un país donde nadie falte y cada caso sea investigado a fondo. “Todavía no estamos en ese lado en Veracruz ni en el país, todavía no estamos en posibilidades de cumplir eso que señala la Convención Internacional Contra las Desapariciones Forzadas”, aseguró. Por último, Palacios lanzó un llamado a la sociedad para sumarse a la exigencia de justicia. “También es un llamado de atención a los que no lo hemos vivido, de cómo también sumarnos a la exigencia que tienen las familias, de cómo a veces un acto tan simple como no arrancar un boletín de búsqueda puede ayudar a alguien a menos ser olvidado. Es una sociedad a veces dividida, a veces solidaria, a veces callada, a veces muy activa, pero con mucha necesidad de encontrar a los suyos”, concluyó.
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