|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- De acuerdo con la ministra Lenia Batres Guadarrama, la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluirá con un saldo negativo y “muy duro” en contra de las comunidades indígenas, pues de las 56 leyes que invalidó a través de acciones de inconstitucionalidad 55 fueron en contra de los pueblos originarios de México. Durante la presentación del documental sobre la comunidad indígena Cresencio Morales, la togada llamó a no normalizar este patrón y advirtió que el gran reto de la próxima Corte -que tomará posesión el 1 de septiembre- será garantizar que los derechos constitucionales de los pueblos originarios no sigan siendo letra muerta. “Son 56 leyes invalidadas en esta Suprema Corte, de las cuales 55 fueron invalidadas en contra de comunidades indígenas, alegando el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas. No se vale. No es posible. No puede seguir sucediendo. No podemos dejar que siga pasando”, dijo en la sede del máximo tribunal del país. Batres Guadarrama destacó que las comunidades indígenas requieren un apoyo muy importante del país, no solo en términos gubernamentales sino en reconocimiento jurídico y constitucional, "que ya se hizo, y por lo tanto jurisdiccional". La ministra encabezó la presentación del documental “Zazhi Ni Múbú, es fuerte tu corazón”, que narra la lucha jurídica de la comunidad mazahua de Crescencio Morales, Michoacán, por defender su derecho a ejercer presupuesto público en beneficio de sus habitantes. El documental, realizado por la ponencia de la abogada junto con la comunidad de Crescencio Morales, relata el caso analizado en la Corte sobre la controversia constitucional 17/2022, en la que Zitácuaro impugnó leyes de Michoacán que permiten a pueblos indígenas administrar recursos públicos para obras y servicios comunitarios. El asunto comenzó a discutirse en la SCJN en abril de 2023. El ministro Javier Laynez propuso invalidar las leyes por falta de consulta indígena, pero su proyecto fue rechazado. Se pidió uno nuevo para revisar otros posibles motivos de inconstitucionalidad. En ese nuevo proyecto, ya circulado, Laynez vuelve a proponer la invalidez, ahora porque las leyes afectarían las facultades presupuestales municipales. La discusión está programada para el 15 de julio. Tras presenciar el documental, el líder comunitario Silvestre Chávez dijo que seguirán luchando para conservar sus derechos y obras sociales financiadas con recursos públicos. Por su parte, el abogado Orlando Aragón, del Colectivo Emancipaciones, destacó que la SCJN está por enfrentar una discusión histórica sobre la autonomía indígena, y pidió a las y los ministros considerar el impacto social del caso.
|
