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XALAPA.- Acaso no le falta razón al presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), Luis Ramírez Baqueiro, cuando asegura que las denuncias contra periodistas en Veracruz por presuntos casos de violencia política en razón de género ponen en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en la entidad. Y es que, reconoció que durante el 2025, el número de denuncias presentadas contra periodistas en Veracruz ha ido en aumento, principalmente por presuntos casos de violencia política en razón de género. Por lo anterior, el funcionario señaló que en algunos casos se ha llegado a denunciar a un promedio de nueve comunicadores simultáneamente, lo que evidencia, dijo, el uso desmedido de esta figura jurídica. “La cuestión no está del lado de la Comisión, sino del lado juzgador y de la autoridad electoral. Los jueces deberían ser más estrictos y decir: ‘esta denuncia no procede porque el periodista tiene derecho a cuestionar’”, afirmó. El presidente de la CEAPP advirtió que la falta de criterios claros por parte de las autoridades electorales y la laxitud de algunos jueces han permitido la judicialización de la prensa, pues se aceptan denuncias sin sustento legal. “Cualquier juzgador, con tal de granjearse algún apoyo o trato parental, acepta la denuncia”, acusó, refiriéndose a recientes casos donde reporteros fueron sancionados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ramírez Baqueiro también cuestionó que excomunicadores, ahora en cargos públicos, recurran a la figura de la violencia política de género como herramienta para silenciar críticas. Entre otros casos se refirió a las denuncias contra Radio Teocelo, Isabel Ortega y Ángel Camarillo. “Es lamentable que quienes transitaron del periodismo a la función pública no tengan la sensibilidad de respetar la libertad de expresión y, en cambio, busquen aprovecharse de esta figura para acallar voces”, subrayó. Por último, Ramírez Baqueiro hizo un llamado a los legisladores para que regulen de manera adecuada esta figura jurídica y eviten su uso indebido. “Está en la cancha de los legisladores establecer límites claros para evitar que se abuse. La autoridad electoral también debería fijar lineamientos más sensibles y específicos”, concluyó.
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