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Xalapa, Ver.-
Desde el regreso a clases presenciales tras la pandemia de covid-19, las quejas contra docentes aumentaron 40 por ciento, muchas de ellas sin fundamento y derivadas de la aplicación de actos de disciplina en el aula, asegura el secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández, por ello dice es necesario un protocolo ante reporte de quejas. De acuerdo con el líder sindical, este incremento provocó una situación de inseguridad jurídica para los profesores, quienes pueden ser separados de sus funciones tras una sola denuncia, incluso anónima, sin contar con una defensa adecuada ni el debido proceso. Externa: “Es preocupante porque se da prioridad a la queja, pero no se protege al maestro. Hoy basta con que un docente llame la atención a un alumno o exija tareas para que sea acusado y retirado del plantel en lo que se investiga”. Marín Hernández destaca que el regreso a las aulas, tras el confinamiento sanitario, se dio en un contexto emocional complejo tanto para estudiantes como para docentes, lo que ha propiciado un mayor número de inconformidades y fricciones relacionadas con las dinámicas escolares. Indica que actualmente los protocolos vigentes permiten que un maestro sea separado del grupo sin haber sido escuchado previamente o sin poder presentar pruebas en su defensa de manera anticipada, lo cual vulnera sus derechos laborales y humanos. “Debe buscarse un mecanismo normativo que garantice que los docentes no sean víctimas de señalamientos tendenciosos. Nadie defiende una agresión, pero tampoco podemos permitir que se sancione a un educador sólo por ejercer su función formadora”, comenta. En ese sentido, el dirigente sindical reitera que es necesario revisar y modificar los protocolos de actuación ante quejas contra personal educativo, para equilibrar la protección de los derechos de los alumnos con los del personal docente. “Lo más lamentable sería que un maestro fuera cesado sin haber sido realmente escuchado. Tenemos derecho a defendernos, a presentar pruebas y a que no se reduzca todo a la palabra de uno contra la de otro”, explica. Finalmente, considera que la salud emocional y el respeto mutuo en las escuelas deben formar parte de una política integral que permita fortalecer la convivencia escolar sin criminalizar el trabajo docente.
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