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Xalapa, Ver.-
Debido a las afectaciones que está ocasionando en las costas del sur del estado, y a la falta de consulta a las comunidades indígenas, como lo ordena la Constitución mexicana, diversas organizaciones indígenas y campesinas de la sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz, interpusieron un amparo en contra del inicio de operaciones del gasoducto Puerta al Sureste. Los representantes comunales acusaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa TC Energy incumplieron con las leyes que exigen informar a la población sobre el proyecto del gasoducto y sus efectos en el medio ambiente. Explicaron que la Constitución establece que los pueblos originarios tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afectan a sus comunidades, pero en este caso no se aplicaron por considerarse proyectos estratégicos. Sara Martínez Martínez, auxiliar en la comunidad de San Juan Volador, municipio de Pajapan, dijo que han visto los barcos trabajando en la perforación y la colocación del ducto, pero no les informaron qué están haciendo en el área de arrecifes donde llegan a reproducirse varias especies. Refirió que desde que empezaron a hacer las pruebas del ducto, comenzaron a morir muchos peces que recalaron en la zona costera y también se afectaron muchas aves que viven en el humedal de la Laguna del Ostión. Refirió que muchas de las comunidades de la sierra de Santa Marta dependen de las actividades pesqueras y su alimentación tiene como base varias de las especies que ahí se pescan. Reiteraron que este proyecto podría afectar a las zonas costeras de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan. Las comunidades más afectadas serían Perla del Golfo, Zapotitlán, Arrecife, Mezcalapa, Agua Fría, Zacuapan, Tecuanapa, Piedra Labrada, Peña Hermosa, Pilapillo, Jicacal, Tecolapa, El Mangal y Benito Juárez. En este marco, Oved Hernández Hernández, habitante de la comunidad de Encino Amarillo, en Mecayapan, dijo que lo que pescan en las comunidades costeras se lleva a todos los municipios de la sierra y es un alimento accesible para ellos. Sin embargo, de entrar en operación el gasoducto, corren el riesgo de que muchas especies se alejen de la costa, y su alimentación cambie y se encarezca. Por lo anterior, el pasado 24 de junio, 15 comunidades costeras interpusieron un amparo colectivo para frenar la operación del gasoducto y cuentan con el apoyo de varias organizaciones locales y nacionales que también tienen otras demandas en el Corredor Interoceánico. “Sabemos que la presión del gas, cuando ya circula por los ductos, genera unas vibraciones que alejan a los peces. Pensamos que este gas servirá para alimentar de energía a los parques industriales del Corredor Interoceánico, que generan para nosotros, los pueblos, mayor contaminación, inseguridad, enfermedad y escasez de agua, y para las grandes empresas trasnacionales, millonarias ganancias”, señalaron a través de un comunicado público. Por otro lado, empresarios y trabajadores de empresas constructoras a las que Pemex les adeuda cumplen 50 días en plantón; algunos de ellos empeñaron su maquinaria ante el IMSS para evitar las multas por los retrasos en los pagos de sus aportaciones patronales. Y es que, la incertidumbre sobre los pagos a proveedores de Minatitlán y Coatzacoalcos, continúa, pues señalaron que durante los años 2023 y 2024 realizaron trabajos en complejos petroleros pertenecientes a Pemex. Los empresarios y su personal mantienen un plantón permanente en uno de los accesos de la Refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, exigiendo el pago de más de 2 mil 200 millones de pesos. Señalaron que, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se estarían liberando recursos para cubrir los adeudos de Pemex, pero hasta el momento no se ha liberado nada, ya que en la consulta del portal financiero de la empresa no se les da fecha. Las compañías que realizaron trabajos en las instalaciones de la Refinería Minatitlán, el Complejo Petroquímico Cosoleacaque y el Complejo Cangrejera cada día pierden más, ante demandas de sus propios proveedores y dependencias gubernamentales como el IMSS y la SHCP. Los propietarios de las empresas señalaron que se encuentran en serios problemas económicos y están a un paso de ser inhabilitados por la falta de pagos de las cuotas obrero-patronales, luego de que el instituto ha solicitado que se les congelen las cuentas. El IMSS ya les suspendió el servicio médico a los trabajadores de estas empresas y a sus familias. Algunos de los propietarios de compañías, para solventar sus adeudos con el IMSS, han entregado maquinaria en garantía. Otros han puesto a la venta sus equipos para tratar de conseguir recursos y enfrentar los pagos. Por el momento, las empresas no han dejado de pagar las nóminas de los trabajadores, pero de mantenerse la situación podrían estar despidiendo personal. Así las cosas.
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