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Xalapa, Ver.- En el primer día del periodo extraordinario de sesiones, en la Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional (GN) que regula la reforma constitucional que regresará al Ejército el control de ese cuerpo policíaco, al hacerla “dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”. El dictamen, que también modifica diversas legislaciones relacionadas con las Fuerzas Armadas y los códigos de justicia militar y el militar de procedimientos penales, fue aprobado con 349 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista (PVEM), ante 132 votos en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). La morenista Giselle Arellano Ávila también votó en contra. Durante el debate, las bancadas de oposición argumentaron que se consuma la “militarización” de la GN y advirtieron que la propuesta permite que los militares en activo puedan ser candidatos a cargos de elección popular. Simboliza “un intento grave por normalizar la militarización de la seguridad del país”, consideró el blanquiazul. Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que la Constitución prevé que militares, funcionarios e incluso ministros de culto que deseen competir por un cargo de elección popular deben separarse de sus funciones con antelación. Previó incluso que en la ley se precise que, para optar por un cargo de elección popular, los militares deban solicitar licencia previa. También anticipó al menos dos cambios al dictamen, uno propuesto por el PVEM, para que la Guardia Nacional pueda hacerse cargo de la vigilancia en los bosques, para combatir a los talamontes; y otra de Morena para precisar los cargos de los comandantes de la Guardia Nacional en las regiones. En el dictamen se indica que los integrantes de la GN deben contar con el Certificado Único Policial, cursar y aprobar de manera obligatoria los programas de formación de derechos humanos, así como los de capacitación y profesionalización en materia policial. Señala que la investigación de los delitos a cargo de la GN, las realizará bajo el mando del Ministerio Público, y se otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la atribución de contar con organismos de inteligencia, que se coordinarán con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información. También; se regula la ruta de ascensos y seguridad social para sus integrantes, y las infracciones disciplinarias que no constituyan un delito. Elena Edith Segura, también de Morena, justificó que la capacitación y la certificación de los elementos de la Guardia estarán a cargo de la Defensa “tiene una razón de ser: es una dependencia que tiene más de 100 años de experiencia en capacitar, en tener a los mejores hombres y mujeres a cargo de una seguridad. Dice: “¿Qué nos va a permitir tener mayor control? Sí, claro, porque vamos a tener también una supervisión interna en esta secretaría. La formación castrense tiene que ver también con valores -con honestidad, con patriotismo-, pero también con mecanismos de supervisión interna que van a permitir que todas las miembros y miembros de la Guardia Nacional puedan tener profesionalismo en su actuar”. Acusa que la oposición busca desvirtuar la profesionalización al señalar que se militariza la seguridad, pero “es una total falacia”. La petista Mary Carmen Bernal también rechaza que se trate de una militarización, y aseveró que el país requiere “elementos con adiestramiento militar, pero con proximidad policial. Necesitamos experiencia de la Defensa, necesitamos gente capaz de combatir la delincuencia en el territorio y en las calles”. En tanto, la panista Paulina Rubio Fernández afirmó irónica que, “aunque la formación de los militares sea en macramé, son militares, no dejan de ser militares”. Añade que hay elementos peligrosos como la facultad de realizar operativos encubiertos. Cuestionó si es “¿para disfrazar a militares y meterlos en casillas, como lo intentaron hacer en las elecciones de Durango?”, además, alerta de la intervención de telecomunicaciones. El priista César Alejandro Domínguez expuso que se promueve la concentración y la eliminación de la profesionalización de las policías locales. Una vez votado el dictamen en lo general, el pleno entró a la discusión y revisión de las reservas en lo particular.
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