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XALAPA.- Desde su campaña Donald Trump mostró un odio desmedido hacia la comunidad migrante, y desde su regreso a la Casa Blanca se ha obsesionado con el control que roza en lo abominable. No solo se refleja en el terreno de lo económico, con los aranceles; no solo en lo ideológico, con el acoso a las universidades. Ahora también en el poder sobre los cuerpos. El Sistema Combinado de Índices de ADN (CODIS, por sus siglas en inglés), es el repositorio reservado para individuos arrestados o condenados por delitos graves. Pero desde 2020 se están incorporando perfiles genéticos de inmigrantes detenidos en la frontera y resguardados en una base de datos del FBI. Así, el ADN de más de 133,000 niños inmigrantes —algunos de apenas cuatro años y sin ser acusados de delitos — ha sido recolectado y cargado en CODIS. Las autoridades migratorias de EU han intensificado esta práctica desde el regreso de Donald Trump, bajo el argumento de combatir el tráfico de personas y reforzar la seguridad nacional. Defensores de los derechos civiles y expertos en privacidad digital advierten que el gobierno está construyendo una arquitectura de control genético sin precedentes, que afecta especialmente a las comunidades migrantes y latinoamericanas, sin ofrecer garantías legales ni supervisión judicial adecuada. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reveló que ha recolectado muestras de ADN de más de dos millones de personas desde 2020. De ese total, al menos 1.5 millones de perfiles ya fueron cargados al sistema CODIS, lo que representa un crecimiento del 5 mil por ciento en apenas tres años. Aunque la política oficial indica que solo deben recolectarse muestras de personas entre los 14 y los 79 años, la discrecionalidad de los agentes en el terreno ha permitido que incluso menores de 13 años sean sometidos al procedimiento. Según cifras publicadas por Wired, al menos 230 niños menores de 13 años y más de 30 mil adolescentes entre 14 y 17 años ya forman parte del archivo genético criminal nacional. De acuerdo con The Guardian, esto constituye una distorsión profunda del propósito original de CODIS, cuya función era contribuir a investigaciones criminales. La mayoría de los migrantes incluidos no están acusados de ningún delito, ni mucho menos condenados. Su única “falta” ha sido haber sido detenidos en la frontera, un proceso administrativo que no implica culpabilidad penal. Los autores argumentan que la práctica alimenta el miedo, refuerza narrativas estigmatizantes sobre los migrantes y erosiona la distinción entre procesos administrativos de inmigración y procedimientos penales. La recolección de ADN de menores es especialmente alarmante. Activistas advierten que, una vez almacenado en bases criminales, el ADN de un niño puede ser utilizado en el futuro para investigaciones sin su conocimiento o aprobación, incluso años después de haber regularizado su situación migratoria.
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