|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Para el Coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, Jorge Cano, la exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de eliminar la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, es fiscalmente insostenible, pues implicaría un costo enorme a las finanzas públicas y tendría efectos regresivos, afirmó. El experto en análisis de finanzas públicas explicó que con la reforma de 2007 se determinó que las personas que comenzaron a cotizar en el ISSSTE, a partir de ese año, tendrían derecho a una jubilación mediante un esquema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Una afore es una institución que se encarga de llevar a cabo la administración de fondos para el retiro de los trabajadores. Su jubilación se haría mediante ahorro individual, por lo que recibirán de pensión lo que ahorrarán antes de su retiro. Hasta antes de esa reforma, lo que había eran las pensiones de beneficio definido, es decir con base en el promedio de su salario en los últimos años y el pago de la pensión era garantizada por el Estado a través de los impuestos de los contribuyentes. El especialista destacó que eso conlleva una gran presión fiscal ya que tan solo el gasto en pensiones de los trabajadores que cotizaron en el ISSSTE antes de 2007 y los que cotizaron en el IMSS antes de 1997 y que son de beneficio definido, en 2024 significaron un gasto equivalente a 4.3% del Producto Interno Bruto, lo cual fue una cifra a la que nunca se había llegado. Y si se consideran las pensiones asistenciales, las del Bienestar, el total del gasto equivale a 5.7% del PIB. Para poner en perspectiva esa suma, dijo que equivale a más del doble de lo que se destina a Educación, que equivale a alrededor de 3% del PIB y más del doble de lo que se gasta en Salud, que equivale a alrededor de 2.7% del PIB o bien prácticamente todo lo que se gasta en pensiones que equivale a su vez a todo lo que se recauda de IVA. Lo complicado es que el gobierno regresaría a garantizar el pago de pensiones. “Implicaría un gran costo a las finanzas públicas, e irremediablemente se tendrían que hacer recortes en otras áreas, como salud, educación o seguridad”. Eso tendría impactos sociales considerables, pues lo que se ha visto en los últimos años es que el incremento en el costo de las pensiones ha implicado estancamiento o reducción en otros gastos importantes. La otra salida sería que se incrementaran sustancialmente los impuestos. Por otra parte, refirió que las gráficas de los datos del gasto público reflejan que desde la transición a las Afores, el ritmo del crecimiento del gasto en pensiones contributivas ha sido menor. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, el pago de pensiones del ISSSTE creció 80%; en el de Enrique Peña Nieto 47% y en el de Andrés Manuel López Obrador 30%. Por otra parte, consideró que congelar en 58 años la edad a la que pueden jubilarse los trabajadores que cotizan en el ISSSTE tendrá un impacto en las finanzas públicas simplemente porque implica pagar pensiones más años, pues tan solo la esperanza de vida en México es de 76 años. Además, tendría un efecto de inequidad, porque las pensiones de los extrabajadores del Estado tendrían mejores pensiones que las de otros sin contar a los que solo tienen acceso a la Pensión del Bienestar porque trabajaron en el sector informal. El especialista refirió que el país no tiene condiciones macroeconómicas para sostener un sistema de pensiones creciente, sobre todo porque la mitad de la población económicamente activa no paga el Impuesto Sobre la Renta, porque trabaja en la informalidad ni aportan cuotas a la seguridad social y eso limita los ingresos del gobierno. Por su parte el actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal, perito valuador de sistemas de pensiones y dictaminador de planes de pensiones, llamó la atención en que en 2025 el ISSSTE gastará 401,730 millones de pesos en pensiones; para 2030, 431,340 millones de pesos y para 2040 la cifra llegará a 449,720 millones. Las proyecciones indican que para 2050, cuando surtan efecto las reformas a su sistema de pensiones la cifra baje a alrededor de 358,320 millones de pesos (de 2023) y para 2060 213,520 millones de pesos.
|
