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XALAPA.- A días de las primeras elecciones judiciales en México ha resurgido el debate sobre los jueces sin rostro. Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que esta figura podría debilitar la rendición de cuentas y abrir la puerta a posibles abusos dentro del Poder Judicial. “Esta figura de los jueces sin rostro ha sido señalada por diversas instancias internacionales, especialmente la Corte Interamericana, como violatoria de derechos humanos”, explicó el jurista. Los jueces sin rostro mantienen su identidad en el anonimato por razones de seguridad y la de sus familias, especialmente cuando enfrentan casos de crimen organizado, narcotráfico o terrorismo. Estos jueces operan bajo estrictas medidas de seguridad: sus nombres no se divulgan, sus rostros no se muestran en audiencias públicas y, en algunos casos, dictan sentencia desde lugares seguros, sin contacto directo con los procesados. La medida ha sido defendida como herramienta necesaria en contextos donde la justicia puede ser blanco de represalias violentas. El expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la medida como parte de su estrategia contra el narcotráfico, con el argumento de proteger a jueces y magistrados en casos de alto riesgo; sin embargo, Javier Martín Reyes, advierte De acuerdo con el Artículo 20 de la reforma al Poder Judicial, esta disposición permite que, en ciertos casos, los jueces mantengan su anonimato; no obstante, esto podría afectar el derecho a un juicio justo. “Hay riesgos particularmente amplios. Lo que nos muestra la experiencia comparada de los jueces sin rostro en otros países, como Perú, es que muchas veces esa figura, lejos de constituir una medida de protección, es un mecanismo para encubrir arbitrariedades”, aseguró Javier Martín Reyes. El especialista recordó que la figura de los jueces sin rostro surgió en América Latina en los años noventa, en países como Colombia y Perú, en contextos de violencia extrema. Para Javier Reyes, el caso peruano es un ejemplo de que esta figura no cumplía con los estándares internacionales para garantizar juicios justos. “Cuando se quiere legitimar de nueva cuenta procesos judiciales contra ciertos grupos —ya sean opositores u otros sectores—, esta herramienta, que niega el derecho a conocer la identidad de la persona juzgadora, puede convertirse precisamente en eso: una herramienta para la arbitrariedad”, reiteró. Luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial —el 11 de septiembre de 2024—, el académico de la UNAM indicó que, una vez implementado este modelo, se violaría el derecho de los mexicanos a contar con una defensa adecuada. “Es un derecho que tenemos, particularmente en el ámbito penal, porque cuando se nos acusa de la posible comisión de un delito, lo que está en juego es nuestra libertad y uno de los elementos para preparar una defensa es saber quién es la persona que te juzga”, aseguró. Pese a que hasta el momento se desconocen los detalles sobre la implementación de los jueces sin rostro, el especialista de la UNAM señaló que esta figura representa una violación a los derechos humanos y que, potencialmente, podría ser utilizada para cometer abusos. “Las experiencias que yo conozco, más bien son experiencias donde se han prestado a abusos, como en el caso de Perú. Habría que preguntarnos en qué realidad podrían operar los jueces sin rostro”, advirtió. En una de sus conferencias matutinas, el expresidente López Obrador subrayó la importancia de incluir una “especie de protección para los jueces”. Dijo que se trataría de “un mecanismo donde resuelvan autoridades sin que se conozca [su identidad], pero buscar una forma en que se pueda hacer, porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones”. Al respecto, Javier Martín Reyes, quien también es investigador residente en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, advirtió que este modelo implicaría riesgos aún mayores para los propios jueces. “Las medidas de protección a las personas juzgadoras tendrían que ser otras. A lo que debemos aspirar es a vivir en un país donde las juezas y los jueces que atienden temas delicados, como el crimen organizado, cuenten con protección y garantías de que no les va a suceder absolutamente nada”. Agregó que “el tema de los jueces sin rostro es una puerta falsa; es una salida que no corrige los problemas de fondo”. El sistema de justicia mexicano se percibe distante para la ciudadanía, con deficiencias en transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas. Por ello, la forma en que se implemente la figura de jueces sin rostro será clave para determinar el nivel de confianza de la sociedad en el sistema judicial, reiteró el especialista. “Tenemos un sistema de justicia lejano, donde no logramos que los ciudadanos distingan cosas tan elementales como qué hacen los jueces y las juezas. La gente que tiene contacto con el sistema de justicia se da cuenta de que nos queda mucho a deber”, sostuvo. En este contexto, la figura de los jueces sin rostro podría profundizar aún más la desconfianza, al permitir que se dicten sentencias sin que los ciudadanos identifiquen quién las emite. “Muchas veces el diablo está en los detalles, pero tengo la impresión de que, aunque no sabemos si una persona es inocente o culpable —eso debe demostrarse en un juicio—, ser condenada por alguien a quien no se le puede ver la cara diluye la responsabilidad”, advirtió. La experiencia de Perú muestra que, aunque la figura de los jueces sin rostro parece una solución razonable ante contextos de violencia e inseguridad, en la práctica resulta problemática. Así lo advierte Javier Martín Reyes, quien reconoce la grave crisis de seguridad que enfrenta México y los riesgos que viven los operadores del sistema de justicia. “Hay juezas y jueces que han sido víctimas del crimen organizado, incluso asesinados, y eso no se puede ignorar. Las lecciones comparadas muestran que las soluciones deben ir por otro camino. Lo que hay que garantizar es la seguridad de los jueces, sin recurrir a figuras que sean más perjudiciales que efectivas”, aseguró. Según el especialista, la implementación de los jueces sin rostro podría representar un “remedio más costoso que la enfermedad”, al afectar derechos fundamentales y abrir la puerta a posibles abusos en lugar de fortalecer la justicia. Así las cosas.
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