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XALAPA.- De nueva cuenta, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vigila con lupa a Veracruz. Y es que, anunció que acompaña a la familia de Brando Arellano Cruz en el proceso penal contra policías municipales de Lerdo de Tejada, señalados como presuntos responsables de su ejecución extrajudicial ocurrida en enero pasado. Brando tenía 27 años, era padre de dos menores y murió tras recibir dos disparos presuntamente por parte de elementos policiacos, luego de una persecución en la cabecera municipal. Su padre relató que, momentos antes del ataque, el joven lo llamó para decirle que una patrulla intentaba detenerlo sin razón aparente. El asesinato, ocurrido el 19 de enero, provocó protestas. Pobladores intentaron linchar a los agentes implicados, incendiaron patrullas y parte del Palacio Municipal. "En seguimiento al caso de la ejecución extrajudicial de Brando Arellano, acompañamos a su familia al juzgado en Veracruz, donde se llevará a cabo uno de los juicios contra algunos de los policías presuntamente involucrados", informó la ONU-DH. Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado ha detenido a seis policías. El 22 de enero, César "N", José Manuel "N", Óscar "N" y Rufino "N" fueron imputados por homicidio doloso y recibieron prisión preventiva por dos años bajo la causa penal 18/2024. El 18 de abril fue capturado Enrique "N" en Michoacán y trasladado a Veracruz. "El ahora detenido presuntamente participó en los hechos en los que perdiera la vida por disparo de arma de fuego la víctima identificada con las iniciales B.J.A.C.", aseguró la FGE. También se vinculó a proceso a Hugo "N", exdirector de la Policía Municipal, por homicidio, encubrimiento, incumplimiento de un deber legal y delitos contra la preservación del lugar de los hechos. Se le dictó prisión preventiva por un año, dentro del proceso penal 27/2024. La FGE indicó que, aunque no disparó, "presuntamente no procedió de manera correcta para evitar el homicidio". La ONU-DH recordó que, conforme al Protocolo de Minnesota, las víctimas y sus familias tienen derecho a participar en el proceso penal. "La familia tiene derecho a la verdad y a la justicia", subrayó. La familia de la víctima también denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a la síndica María Esther Arróniz López, a quien acusan de asumir irregularmente la presidencia municipal. "La síndica debe responder y hacerse cargo de la gobernabilidad del municipio. Nadie pone orden a los abusos", reclamó Cruz Hernández. Los padres de la víctima señalaron que, previo al homicidio, los policías cometían extorsiones y agresiones.
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