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XALAPA.- El presidente Donald Trump debe estar festejando que la Corte Suprema de Estados Unidos, con supermayoría conservadora, le autorizó que revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 300 mil venezolanos, que tendrán que prepararse para ser deportados. El fallo da un golpe a la comunidad venezolana, en su mayoría concentrada en Florida, que acogió a los solicitantes del programa y ve como una traición la decisión de Trump, pese a que le dio su voto en la elección pasada. A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un “daño irreparable” a quienes se han acogido a dicha protección y sus familias. Bajo la Administración del demócrata Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentando que Venezuela estaba pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica, así como persecución del régimen de Nicolás Maduro, acusado por la ONU de graves violaciones a los derechos humanos. Los abogados de la Casa Blanca habían solicitado al Supremo anular la orden del juez californiano y defendieron su derecho a eliminar el TPS, alegando que va en contra del “interés nacional” de EU y que los jueces federales no tienen la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”. El TPS es un programa migratorio gestionado por el DHS, que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y “criminales”. Sin embargo, ahora, la Corte Suprema les da la razón y abre la puerta a que también pierdan su estatuto de refugiados temporales de hasta 16 países.
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