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XALAPA.- Los abogados laborales Juan José Llanes Gil Del Ángel, Laura Mónica Sainz Ramírez y Alan Cervantes Domingo, denunciaron un doble rasero y el uso faccioso del poder público por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado para, por un lado, no molestar a un secretario de despacho del actual gobierno estatal, y por el otro, para presionar a un ayuntamiento de oposición con el mismo argumento que se niega a aplicar en contra de la citada dependencia estatal. A través de un comunicado que difundieron este lunes, los abogados acusaron que el doble rasero con que se imparte la justicia en Veracruz está llegando a niveles delirantes y cínicos, en donde además, podría configurarse un posible tráfico de influencias tendente a complacer a quienes tienen cargos públicos, concretamente, se trataría de un presunto tráfico de influencias que involucra al diputado de Morena Paul Martínez Marie. Los abogados denunciaron que un trabajador que obtuvo un laudo a su favor en el juicio 240/2013-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal, está intentando que la Secretaría de Educación de Veracruz le cubra la condena que se le impuso desde 2015, cuyo cumplimiento se ha dispuesto incontables veces a lo largo de toda una década. Refirieron que, en enero de este año, “le pedimos infructuosamente al Tribunal que diera vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito de Incumplimiento de un Deber Legal. En febrero de 2025, el Tribunal dictó un acuerdo en el que indicó que, tras revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley burocrática estatal, “…no se encuentra dentro de la competencia de este Tribunal realizar la vista peticionada…” y, por tanto, se negó a dar vista al Ministerio Público. En su lugar, ordenó requerir por enésima vez a la SEV y le advirtió que, de no pagar al trabajador, le impondría una multa que no excederá de $1,700.00. Sin embargo, aseguran, de febrero a marzo de 2025 al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado se le olvidó lo que -apenas un mes antes- había decidido. “En el diverso juicio 1231/2017-I, el Tribunal dispuso que no solamente debía dar vista a la Fiscalía Anticorrupción, sino que le advirtió a los ediles de un Ayuntamiento que los arrestaría treinta y seis horas si no le pagan a un trabajador. La diferencia entre los casos reseñados es que, en el primero, el Tribunal no quiere molestar ni con el pétalo de una rosa a una secretaria de despacho. En el segundo, se trata de un Ayuntamiento de oposición. En el primer caso, el trabajador no tiene padrinos. En el segundo, el trabajador es una persona que ha colaborado de la mano de un diputado local de Morena, (se trata de Paul Martínez Marie) que no ha escatimado su capacidad de persuasión para que la instancia burocrática le haga Justicia. En el primer caso, el Tribunal transcribe artículos completos para “descubrir” que no debe acusar de delitos a funcionarios de la 4T. En el segundo, al detectar que se trata de servidores públicos a los que ve como “adversarios”, lo que estima conducente es advertirles que le dará vista a la Fiscalía y que los arrestará día y medio”. Esto es, denunciaron los abogados, en casos parecidos (el primero, más grave), se deciden cosas diametralmente opuestas. “No se da cuenta el Tribunal que los mismos abogados tenemos acceso a los autos tanto de un juicio como de otro. Ni eso cuidan. Todo eso lo entendemos como un doble rasero y el uso faccioso del poder público. Lo interpretamos como blindaje del gobierno a sí mismo. Lo llamamos corrupción”, concluyeron.
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