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Xalapa, Ver.-
A 10 días de la elección, el Instituto Nacional Electoral (INE) buscará por cuatro vías urgentes personas para ocupar 818 vacantes: 769 capacitadores y 49 supervisores, cuyo trabajo es fundamental para la operación de casillas y captura de datos para programas de resultados y tendencias electorales. Se emitieron mil 311 convocatorias, pero no hay respuesta, las causas probables: los salarios “no competitivos” que ofrece el INE, respecto a lo que da el INEGI, así como eventuales razones de seguridad, en entre otros factores que serán parte de una investigación posterior a la elección del 2 de junio. Martín Faz, presidente de las comisiones unidas de Organización y Capacitación Electoral, aclara que la situación no es ni una crisis ni es una situación de riesgo debido a que son situaciones muy focalizadas, como Tlaxiaco, Oaxaca, y Playa del Carmen, Quintana Roo, por mencionar las dos zonas con mayor número de vacantes. Por ello, la propuesta emergente se delineó en cuatro escenarios aprobados por el consejo general: Contratar al personal de los Organismos Públicos Locales (Oples); usar la lista de reserva de los solicitantes iniciales; suplir a Caes o supervisores por personal contratado por los Oples, y como última alternativa, tomar al personal de oficinas centrales del INE, así como de juntas locales y hasta de los Módulos de Atención Ciudadana, si fuera necesario. Durante la sesión de este miércoles se realiza de manera virtual, el consejero Uuc-Kib Espadas dijo que hay efectos por recortes presupuestales que impidieron mejorar la oferta a los potenciales Caes, pero sobre todo porque el INE se auto infringió el daño al presionar a los solicitantes a demandar a partidos por presuntas afiliaciones indebidas. Según el consejero, por esa razón quedaron descalificadas 2 mil personas que ahora harían falta. “Este consejo hizo caso de un viejo reclamo del conjunto de partidos políticos y estableció un mecanismo para que los aspirantes a Caes que fueran detectados en el sistema, un sistema tremendamente imperfecto, como afiliados a partidos políticos”. Ese acuerdo fue aprobado por el consejo general, dijo, “bajo la visión de que venía una invasión de morenistas y había que poner el pecho para evitar que esto ocurriera”. Y continuó: “bando y bando (en el consejo) tuvieron su éxito; se desfondó económicamente al INE y por eso no podemos contratar con precios justos. Por otro lado, añadió Espadas, “la paranoia de una invasión que nunca existió llevó a bloquear la contratación de muchas personas dispuestas a realizar este trabajo. Estamos hablando aquí de que este es un proceso que ha sido herido desde dentro y desde fuera”. Sin embargo, advirtió, esta presión no menor, de falta de capacitadores y supervisores, podría llegar a afectar el voto de muchos miles de ciudadanos. De inmediato algunos de sus colegas le respondieron, como la consejera Humphrey, en el sentido de que ese proceso de selección no es un capricho sino el cumplimiento de lo que marca la ley electoral, en el sentido de que los CAES no pueden ser militantes de un partido político. Faz subrayó que deben desmentirse “falsas impresiones de crisis” y enseguida enumeró que en este momento 97.4 por ciento de los funcionarios de casilla ya están asignados y 95 por ciento ya fueron capacitados; se han realizado simulacros en 63 por ciento de las casillas y 96 por ciento de las mismas ya tienen las personas requeridas.
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