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| Juez ordena a la Auditoría mantener en el cargo a Agustín Caso, funcionario que revisó las deudas del Nuevo Aeropuerto de Texcoco. | ||||||
| Agustín Caso fue el encargado de la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM), y quién calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación, y no 100 mil millones de pesos como había asegurado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. | ||||||
| Lunes 06 de Mayo de 2024 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Agustín Caso Raphael fue el encargado de la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM), y quién calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación, y no 100 mil millones de pesos como había asegurado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Luego de ser cesado el 9 de abril pasado por el auditor federal, Caso interpuso un recurso judicial argumentando un despido injustificado, además de acusar un uso político del organismo durante la actual gestión. “Si una simple evaluación incomoda a un funcionario ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional”, dijo en una carta abierta. Además, la intromisión en los enfoques, alcances y resultados de las auditorías que son sujetas a una revisión que no es técnica, y que sirve al propósito de espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”. Tras inconformarse judicialmente, Caso logró la primera victoria con la resolución del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, quien le concedió una suspensión provisional “para el efecto de que la autoridad responsable (ASF) se abstenga de cesar los efectos del nombramiento del quejoso y continúe con sus funciones que desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación”. El juez consideró que el oficio UGA/DGRH/DRL/045/2024, por el que se le informó al auditor el cese de sus derechos laborales el 9 de abril de 2024, podría contener irregularidades, razón por la cual también le cedió esta suspensión provisional. “Este juzgador advierte de su contenido, que no se encuentra motivado, porque no se explica cuáles son las razones de la pérdida de confianza que dieron origen al cese, por lo que en un cúmulo de probabilidad que en el juicio principal del cual deriva el presente incidente otorgue el amparo solicitado, por ende, como ya se dijo se concede la medida cautelar”. Sin embargo, el próximo lunes 13 de mayo se llevará a cabo la audiencia incidental, en la que el juez determinará si concede o no la suspensión definitiva al auditor para que se mantenga en su puesto en tanto se determina si la ASF violó o no sus derechos humanos al despedirlo sin razón aparente. Es decir, aún falta definir si recobrará su empleo de manera definitiva. Animal Político consultó a la Auditoría si interpondrá otro recurso para controvertir la decisión de este juez, pero el organismo informó que aún no tiene una notificación oficial sobre esta suspensión otorgada a Caso Raphael. Cambios en la ASF Durante su gestión en la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares ha renovado todos los puestos clave de la institución y no mantuvo a ningún funcionario de la administración de Juan Manuel Portal, su predecesor. El cambio más reciente fue el despido de Agustín Caso Raphael, quien encabezaba la Auditoría Especial de Desempeño, y que sustituido días después por Arely Gómez, procuradora general en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde que Colmenares fue nombrado como titular de la ASF, en 2018, comenzó con los despidos. La primera fue Muna Dora Buchain, quien encabezaba la Auditoría Forense. Al poco tiempo de su salida, el resto de su equipo también fue despedido. Con este equipo renovado a lo largo del sexenio, la Auditoría únicamente ha tramitado 22 denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en la actual administración; mientras que por presuntos malos manejos ocurridos en el gobierno de Enrique Peña Nieto suman 681 denuncias y por la administración de Felipe Calderón hubo 610. El área de Muna Dora Buchain se encargaba de revisar aquellos casos en los que había la sospecha de la comisión de un delito. Uno de los ejemplos más claros fueron las irregularidades encontradas en dependencias y universidades que fueron retomadas para la investigación periodística La Estafa Maestra. Buchain ha denunciado en innumerables ocasiones la poca profundidad en las auditorías realizadas al actual gobierno y las irregularidades que han ocurrido en la Auditoría Superior de la Federación durante la dirección de Colmenares. Entre las decisiones irregulares estuvo el perdón a los presuntos desvíos millonarios cometidos durante la gestión de Manuel Velasco en Chiapas y que habían sido detectados durante la gestión de Juan Manuel Portal. Sin embargo, en el primer año de gestión de Colmenares, la Auditoría resolvió solo en dos días las irregularidades por 685 millones de pesos, como reveló Animal Político. El encargado de autorizar las solventaciones de esas irregularidades fue Isaac Rojkind, auditor especial de Seguimiento e Investigación en ASF. Aunque renunció en 2021, había asumido el cargo el 16 de julio de 2018, tres meses después de iniciar la gestión de Colmenares. Antes había sido secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, donde eligieron a Colmenares como Auditor Federal. Otro cambio relevante fue la renuncia de Gerardo Lozano, auditor especial de Cumplimiento Financiero. También acusó que hasta 2021, la Auditoría no había presentado denuncias por 60 dictámenes técnicos que alcanzan un monto de mil millones de pesos por posibles irregularidades, debido a cambios administrativos en el reglamento, impulsados por David Colmenares para tener control directo sobre este tipo de gestiones. Lozano aseguró que el cambio en el reglamento impulsado por Colmenares significó un freno a las denuncias. Puso como ejemplo que hasta julio de 2020, su área había concluido 60 dictámenes técnicos, de los cuales 10 ya contaban con alguna revisión en la Unidad de Asuntos Jurídicos, pero hasta el momento seguían en espera que la Auditoría Especial de Seguimiento autorizara la denuncia penal. Por: Nayeli Roldán y Alfredo Maza |
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