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Xalapa, Ver.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo historia, propuso que la extorsión se convierta en un delito grave y que quede así en los códigos penales federal y locales, para así lograr algún resultado, tal y como sucedió con el secuestro. A consulta del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), sobre cómo atajar los efectos económicos que tiene la extorsión en los productores agropecuarios, la candidata enfatizó que se requiere modificar el código penal para desincentivar el delito, promover la denuncia; así como fortalecer las tareas de investigación y de inteligencia.
Agregó que la tecnificación del campo mexicano pasa por revisar las concesiones y permisos de agua, y distribuirla de mejor manera. “Hay una sequía que no sabemos cuándo va a
terminar. Tenemos que pensar que los años siguientes van a ser de sequía”, dijo frente al sector agrícola que ocupa 75 por ciento del líquido en el país. Cuestionada sobre cómo piensa abordar el TMEC, y los acuerdos comerciales que tiene el país sin descuidar el sector y la producción nacional, la exjefa de gobierno de CDMX consideró que se tiene que revisar caso por caso. “Hay que revisar cada uno de los productos, las ventajas comparativas que tenemos, proteger nuestra producción y al mismo tiempo tener las puertas abiertas al mercado y eso se tiene que ver con cada uno de los países con los que se tiene acuerdo”, asentó al ser la primera contendiente a la presidencia en reunirse con el CNA. Agroindustriales piden mano de obra de Centroamérica. En una intervención previa a la de la candidata, los agroindustriales representados en el CNA, alertaron sobre el encarecimiento y falta de mano de obra en el sector que, sumada a la sequía y a la necesidad de financiamiento, es uno de los principales riesgos en el sector. “Actualmente enfrentamos la mayor escasez de mano de
obra en décadas”, alertó Aldo Mares Benavides, productor hortícola de Jalisco. En ese punto, Mares enfatizó que el sector necesita hacerse más atractivo y para ello se propone un marco jurídico para regular a los reclutadores, que son la primera piedra de la explotación laboral; promover el derecho de identidad a jornaleros que no tienen documentos oficiales para incluirlos en la formalidad; seguridad social y acceso a servicios educativos, de salud y sistemas de cuidados. Además, expresó que es necesario incorporar centroamericanos en la fuerza laboral de manera correcta, ya
como una política para cubrir el déficit de mano de obra que hay en el campo mexicano.
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