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Xalapa, Ver.-
Aunque el Instituto Nacional Electoral prevé el voto de 30 mil 391 presos en 215 penales de todo el país, por lo menos 443 Personas en Prisión Preventiva (PPP) recurrieron al Tribunal Electoral por la negativa del Registro Federal de Electores de aceptar su solicitud para votar de manera anticipada para la renovación de la Presidencia de la República. En ese sentido, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, aprobó la Lista Nominal del Voto Anticipado para Personas en Prisión Preventiva que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral votará el próximo 30 de abril, la cual cierra con 30 mil 391 votos de 215 penales de todo el país. Aunque, de la población global sin sentencia, se estima que más de 48 mil se quedaron sin este derecho por no haber cumplido con los requisitos, porque no hicieron su solicitud o, como en el caso de Veracruz, porque el gobernador morenista Cuitláhuac García no permitió el ejercicio. El reporte interno indica que 443 Personas en Prisión Preventiva de Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Sonora interpusieron un Juicio para la Protección de Derechos Electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Únicamente se han resuelto cuatro, en los que se declaró la improcedencia, en cinco se revocó el acuerdo y ya fueron incluidos y en 18 casos se desechó el juicio por alguna causal de improcedencia. De los pendientes, 403 son de la Ciudad de México. Las y los consejeros criticaron que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores haya rechazado las solicitudes de las 428 personas sin sentencia que pidieron votar en el penal de Mérida, el único en el que el gobierno estatal a cargo del panista Mauricio Vila autorizó el ejercicio. El presidente de la comisión Martín Faz lamentó este rechazo, pues recordó que este penal fue el último en firmar convenio con el INE por falta de decisión del gobierno estatal, lo que retrasó la información a los presos. “La DERFE declaró como improcedentes todos los de Mérida, es lamentable porque fuimos insistentes y luego el dictamen técnico es que son improcedentes, ¿qué hubiera pasado si en Veracruz hubiéramos insistido si después se iban a declarar improcedentes?
“Se hizo llegar formato de demanda de juicios políticos a través de los cuales, las personas en prisión preventiva en Yucatán pudieran interponer un JDC para ver qué se resuelve, me gustaría saber los motivos para rechazarlas”.
La consejera Dania Ravel incluso exhibió que ella preguntó personalmente a la dirección si tendrían tiempo para recibir y validar las solicitudes, a pesar del retraso en la firma del convenio, “y a pregunta expresa, la respuesta fue que sí”. Mientras que la dirección justificó que las solicitudes se hicieron fuera de tiempo y ya no se pudo validar la petición. Por lo que sólo podrán votar 18 hombres. Las consejerías también reprocharon que la Dirección Jurídica que actualmente funciona con Juan Manuel Vázquez como encargado de despacho, sin el aval del Consejo General, sino por decisión directa de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, incumplió la orden de la comisión de informar al TEPJF sobre el desacato del gobernador de Veracruz para permitir el voto de personas sin sentencia. “No se ha enviado a la Sala Superior el informe del voto den prisión preventiva en Veracruz. Me sorprende que todavía no tengamos acuse de recibido ni se nos ha dicho cuáles son las otras rutas jurídicas que se van a seguir, estamos retrasando los temas y me preocupa que no se sigan las instrucciones de las comisiones y que ni siquiera se tenga el menor interés por hacer conocer a las comisiones que ya fue cumplido”, señaló la consejera Carla Humphrey.
Mientras que Dania Ravel detalló que, a pesar de que esto se acordó desde hace más de un mes en comisión, el jurídico envió un oficio del jueves por la noche de notificación al TEPJF, por lo que “lo único que me hace pensar es que, si no hubiéramos tenido sesión, esto hubiera no podido presentarse, hay que tener más atención”. Sobre la transmisión del segundo debate presidencial, 199 penales ya aprobaron su difusión, la mayoría con repetición la próxima semana, y están a la espera de respuesta de Durango y Campeche. La consejera Humphrey también convocó a que se avance en el apoyo a las personas en prisión preventiva y que puedan credencializarse de una forma más sencilla.
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