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XALAPA.- El gobernador Cuitláhuac García afirmó que sus compañeros mandatarios pertenecientes a la mal llamada cuarta transformación respaldan los términos y el exhorto del gobierno federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no declare inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. García Jiménez advirtió que la eliminación de esta medida cautelar podría llevar a la liberación de 68 mil presuntos delincuentes de alta peligrosidad, aunque uno podría intuir que las verdaderas razones detrás del rechazo a esta eliminación es el temor de algunos gobernadores a que salgan libres los presos políticos que han sido injustamente encarcelados por sus administraciones. El mandatario anunció que 23 gobernadores, de los 32 del país, presentarán un documento dirigido a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, expresando su total desacuerdo con la intención de eliminar de facto el artículo 19 constitucional. Eso sí, resulta cuanto menos irónico que pretendan mandar una inconformidad a la SCJN después de tachar a la ministra presidenta de formar parte del “bloque conservador”. ¡Vaya cinismo! Pese a las bravuconadas de los montoneros gobernadores, los especialistas aseguran que tales afirmaciones por parte de Cuitláhuac así como de la secretaria de gobernación, Luis María Alcalde, son falsas. Eliud Tapia, abogado especializado en Derechos Humanos, asegura en el portal informativo Animal Político que si se invalidara la cautelar jueces o tribunales tendrían que revisar cada caso que se solicite, para determinar si las personas siguen presas o se aplica otra medida cautelar. En ese caso, quedaría la opción de aplicar prisión preventiva justificada y otras 13 medidas cautelares. Eso mientras se resuelve su situación jurídica y a partir de que las autoridades que las acusen sustenten qué nivel de riesgo hay en el caso. Incluso, es inexacto el dato que presentó Alcalde de que hay 68 mil personas en prisión preventiva oficiosa. Según los datos de los Censos Nacionales del Sistema Penitenciario Federal y Estatales del INEGI de 2023, esos casi 68 mil casos se refieren a delitos relacionados con las personas en prisión preventiva oficiosa, mientras que el número de personas en esa situación es de 44 mil 212. Por lo anterior, queda de manifiesto que no son más que mentiras populistas de los morenos que evidencian su verdadero temor: el voto de castigo de todas las personas afectadas.
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