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XALAPA.- Un nuevo informe por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) da a conocer que en México la reglamentación se ha convertido en letra muerta, que en el ámbito de anticorrupción hay aberturas lejos de existir mano firme para sancionar dichos actos. Es decir, las sanciones por conflicto de interés están prescritas en la reglamentación mexicana, pero no se aplican en la práctica, reporta Perspectiva de Integridad y Anticorrupción. El país tampoco cuenta con mecanismos para rastrear el movimiento de funcionarios públicos hacia la iniciativa privada en sectores que anteriormente regularon, abunda. Con base al nuevo informe de la OCDE, “los marcos de integridad y anticorrupción de los países de la OCDE están mejorando, pero existe una gran brecha en la implementación, lo que significa que los países están abiertos al riesgo de corrupción”. Actualmente, los integrantes de la OCDE cumplen en 76% de los criterios que abarcan temas en materia de regulaciones sobre conflictos de intereses, pero sólo 40 por ciento en la práctica. Sin embargo, en México no revisa ni 60 por ciento de las declaraciones de interés y no hay una política de datos abiertos. En el tema electoral hay regularización financiera pero no es una regulación que se aplique.
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