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Xalapa, Ver.- El juez, Agustín Archundia Ortiz, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal, negó la suspensión definitiva a Esperanza García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por lo que la Fiscalía General de la República, podrá cumplimentar la orden de aprehensión que se libró en su contra. La quejosa promovió el juicio de amparo el pasado mes de diciembre ante Agustín Archundia Ortiz, titular del juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, donde reclamó la orden de aprehensión en su contra. El 7 de febrero de este año, el juzgador le concedió la suspensión provisional y le fijó un pago de 2 mil 500 pesos como garantía para que surtiera efectos la medida cautelar. No obstante, hoy el juez le negó la suspensión, aunque no dio a conocer la versión pública de su resolución. “Único. Se niega la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, de la presente interlocutoria para los efectos precisados”, señala el resolutivo. Esperanza trabajó en el sexenio de Felipe Calderón como encargada de la Policía Cibernética, es hermana de García Luna y su esposa, Cristina Pereyra son investigadas por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de la detención del ex funcionario en Dallas a principios de diciembre de 2019 por agentes federales bajo órdenes giradas por la fiscalía federal en Nueva York por su presunta relación con el cártel de Sinaloa. Hay que recordar, que en mayo de 2023, un juez de control libró 61 órdenes de aprehensión en contra de García Luna, así como de su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, de sus hermanos y de otras personas, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Las acusaciones indican que integrantes de la familia de García Luna y ex funcionarios de la extinta SSP realizaron triangulaciones financieras con los empresarios estadunidenses Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, a quienes se les adjudicaron obras y servicios que no se cumplieron o no se entregaron.
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