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XALAPA.- Ocho años después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, nada ha cambiado en cuestiones de justicia. Los aprehendidos por aquellos hechos ya están libres, mientras que al alcalde de Iguala y su esposa, José Luis Abarca y Ángeles Pineda Villa siguen en prisión pero por otros delito, ya que fueron exonerados por el espinoso caso. Con todo y ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que el Gobierno de México "ha venido desplegando esfuerzos sin precedentes para mantener la continua búsqueda" de los normalistas, sin embargo, la CIDH recordó los hechos y pidió al Estado mexicano "garantizar la independencia e integralidad de la investigación". La CIDH pidió recuperar la periodicidad de las reuniones de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia con las familias y mejorar los canales de comunicación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La CIDH reconoció que el Gobierno de México "ha venido desplegando esfuerzos sin precedentes para mantener la continua búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero y para promover el derecho de las familias a participar en dichas diligencias". "Sin embargo, a ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa su paradero sigue sin conocerse". También subraya la CIDH las "solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero", y reprocha que desde agosto la UEILCA no cuenta con personal policial de investigación, lo que impide recopilar pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos. En cuanto a la investigación, la CIDH reconoció avances con la individualización y vinculación al proceso de presuntas personas responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de nuevas acusaciones y el inicio de procesos en sede judicial, así como por las irregularidades en las investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia. "Estas acusaciones involucran delitos por graves violaciones a los Derechos Humanos, como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y personas funcionarias de cargos políticos, fiscales y ministeriales", dijo el organismo internacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido también a la investigación y negó que ésta se encuentre estancada e incluso aseguró que se ha logrado avanzar. Muestra de ello serían la captura de militares y del exprocurador Jesús Murillo Karam. López Obrador defendió así en su rueda de prensa matutina la actuación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y su informe que "no se inventó", porque, a partir de lo que se encontró, se avanzó en las nuevas detenciones. "No, no se ha estancado. Es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables, como militares, como autoridades locales, como el exprocurador Murillo Karam. Esto, ¿cuándo se iba a realizar con un gobierno de la oligarquía? Nunca, jamás. Por eso se atrevieron a hacer toda la fabricación de los hechos, mintieron por la prepotencia", argumentó el jefe del Ejecutivo. El lunes se convocó a protestas por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzianapa, símbolo de la connivencia entre las autoridades y los grupos criminales para reprimir las protestas y encubrir crímenes. Las fuerzas de seguridad han reforzado las inmediaciones del Palacio Nacional y se han instalado vallas metálicas soldadas de tres metros de altura. Además se han trasladado a la zona extintores y abatefuegos. El propio López Obrador ha denunciado que entre los manifestantes hay "supuestas feministas y supuestos defensores de los Derechos Humanos" que se arman con piedras y cócteles molotov.
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