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La Jornada
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Ciudad de México.- Al cumplirse 27 años de la masacre de Aguas Blancas, en la que fueron asesinados 17 campesinos, las exigencias de justicia, “por la liberación de los presos políticos y por el esclarecimiento de las ejecuciones de dirigentes de organizaciones sociales” se mantienen vivas, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un breve video que difundió a través de redes sociales, recordó que la mañana del 28 de junio de 1995, miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez, Guerrero, con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los caficultores, pero fueron detenidos y atacados por un grupo de policías y agentes judiciales.
Recordó que por estos hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano implementar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de los testigos de la masacre de Aguas Blancas, especialmente, de la señora Virgilia Galeana García, y los familiares de las víctimas.
En tanto, la CNDH a través de su Recomendación 104/95 acreditó que el 28 de junio de 1995 se violaron los derechos de 17 personas pertenecientes a la citada organización campesina, “quienes resultaron muertas de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada”.
La masacre ocurrida en Aguas Blancas “dejó un saldo de 17 campesinos asesinados y 14 heridos. La represión de Estado se dio contra un movimiento social que implicó graves violaciones a los derechos humanos y que hoy sigue en la impunidad”, aseveró.
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