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XALAPA.- El Colectivo Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas se manifestó este domingo afuera de los juzgados de las Salas de Juicios Orales en Pacho Viejo para exigir justicia en torno a la desaparición forzada de 5 jóvenes en el municipio de Actopan. En el marco de la audiencia de vinculación a proceso en contra de un ex elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detenido por la desaparición forzada de 5 jóvenes entre los municipios de Actopan y Xalapa, en 2013, las activistas subrayaron que por las presiones que ejercieron los colectivos se logró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejercitara acción penal contra un elemento aún activo dentro de las filas de Seguridad Pública, el pasado 17 de mayo. Este domingo, al cumplirse el plazo para resolver la situación jurídica del imputado y determinar si ha lugar o no a seguirle un proceso, los colectivos se apostaron con lonas y pancartas exigiendo la aplicación de la ley contra el elemento. María Elena Gutiérrez, vocera del colectivo, afirmó que “comprobar la desaparición forzada es bien difícil (...), el mismo gobierno protege y elimina las pruebas; logramos tener pruebas que demuestran la intervención de jóvenes", señaló. De acuerdo con la información con la que cuentan las familias de los jóvenes, el 23 de noviembre de 2013 los ahora desaparecidos fueron detenidos por la autoridad encargada de la prevención del delito, sin embargo, aunque tenían que ser llevados inicialmente al cuartel de San José, no se reportó su ingreso ni su presentación ante autoridad distinta. Dos de los jóvenes desaparecidos fueron identificados como José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez, mientras que de los tres restantes no se ha revelado la identidad. "Es la época de Duarte; hay muchos casos de la época de Duarte, de Fidel Herrera, antes en Xalapa no se sabía de desapariciones y menos de desapariciones forzadas (...). No se acabaron con Yunes, en el periodo de Yunes también hubo desapariciones y ahora nos damos cuenta que las desapariciones forzadas siguen", añadió. Apenas el pasado 18 de mayo, el colectivo recriminaba a través de un posicionamiento público que las familias de las víctimas han vivido el ocultamiento de información por parte de diversas instancias y la falta de credibilidad de parte de las autoridades. "Lo que se ha traducido en que, tras nueve años, apenas se pueda tener un acceso mínimo a la justicia, que las garantías que deben estar dispuestas para las víctimas lleguen de manera tardía e inoportuna para la situación que han tenido que atravesar sus familiares”. Más aun, señalaron que la demostración de intervención de elementos del Estado en la desaparición “recayó durante al menos cuatro años sobre las familias, siendo éstas quienes con su persistencia lograron acreditar que se trató de un operativo oficial del cual se guardó registro pero que fue ocultado hasta por las autoridades investigadoras, inclusive se ocultó la participación de elementos federales de seguridad", concluyeron en el documento.
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