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XALAPA.- Luego de que el 30 de Septiembre del año pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para reformar diversas disposiciones de la Constitución Mexicana, entre otras, la reforma a la ley eléctrica, la Cámara de Representantes de Estados Unidos advierte que de aprobarse la mencionada iniciativa, ésta bloquearía arbitrariamente a inversionistas. En ese contexto, Kevin Brady, líder republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos refiere que “si se promulgan estas enmiendas prohibirán a la CFE contratar a inversionistas privados para suministrar electricidad en México y revocar los permisos de generación de electricidad existentes y pendientes”, sostiene Brady en una carta dirigida a Katherine Tai, titular de la representación comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés). Esta misiva se dirigió previamente a la reunión que sostendrán los subsecretarios de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá este jueves 13 de enero. “También facultarán a discriminar a los inversionistas del sector privado al limitar o bloquear arbitrariamente su participación en el mercado eléctrico mexicano y en la extracción de litio y otros minerales estratégicos”, añadió Brady. Según él, estas enmiendas retrasarían significativamente la transformación del mercado eléctrico de México en un “sistema confiable, financieramente sólido y bajo en carbono”. El legislador aplaudió “los éxitos” logrados en el reciente caso de acceso al mercado de productos lácteos contra Canadá y en hacer cumplir los compromisos del Capítulo Laboral del T-MEC en México bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida. “Sin embargo, sigo preocupado por las numerosas medidas que los gobiernos de Canadá y México han adoptado o propuesto que parecen violar la letra del T-MEC y amenazan con alterar fundamentalmente el beneficio del trato que negociamos”, dice. Por otro lado, en mayo de 2021, el Congreso de México modificó la Ley de Hidrocarburos a fin de otorgar facultades discrecionales al gobierno para suspender o revocar permisos en toda la cadena de valor de los combustibles. La nueva ley facultaría al gobierno mexicano para expropiar instalaciones privadas y entregar sus operaciones a Pemex. Y si bien los tribunales mexicanos han suspendido la entrada en vigor de esta ley pendiente de impugnación judicial, el gobierno mexicano ha adoptado una serie de acciones administrativas y regulatorias que, según Brady, discriminan a los inversionistas privados en el sector de hidrocarburos. “Estas acciones preocupantes, incluida la limitación de los lugares desde los cuales las empresas privadas pueden importar o exportar productos energéticos, parecen estar diseñadas para beneficiar a Pemex y CFE, al tiempo que dificultan que las empresas privadas estadounidenses y otras operen en México”, dijo.
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