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Xalapa, Ver.- Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvieron los recursos presentados por el PAN y Morena respecto a la sanción que impuso el INE al partido guinda por la retención de un porcentaje del salario de trabajadores en Texcoco de 2013 al 2015, monto que, de acuerdo al órgano electoral, sumó 2 millones 264 mil 612 pesos. Mientras Acción Nacional pedía ampliar la multa, Morena impugnó la sanción. En ese tenor, de manera unánime la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sanción de 4 millones 529 mil pesos impuesta a Morena por omitir ingresos en un reporte del 2014 y 2015, al ratificar que hubo “un esquema de financiamiento paralelo” en Texcoco, estado de México, cuando Delfina Gómez -actual secretaria de Educación Pública- era presidenta municipal, con el objetivo de retener parte del salario a trabajadores del municipio. Paralelamente, luego que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) suspendió por seis meses los derechos partidarios de la ex secretaria general de este partido, Yeidckol Polevnsky, el Tribunal Electoral revocó la sanción y restituyó su militancia activa a la diputada federal. El caso parte de una queja presentada por el blanquiazul en 2017 en contra de Delfina Gómez, entonces candidata a la gubernatura mexiquense. El INE resolvió que no se acreditaba por esta acción un beneficio para la candidatura de Gómez, pero sí benefició a Morena. El argumento fue ratificado por el TEPJF al establecer que Morena fue el que omitió los ingresos en sus reportes correspondientes. Respecto al caso de Yeidckol Polevnsky, el Tribunal desahogó los recursos en torno a la sanción que había impuesto la CNHJ del partido, luego que la instancia partidista determinó como “falta a los documentos básicos” morenistas por no acatar el llamado del CEN para comparecer por la compra millonaria de inmuebles que se perfilaban como sede nacional de esta fuerza política y como sedes estatales. Los magistrados consideraron que se cumplió la “caducidad del procedimiento”, ya que, mientras el 15 julio de 2020 la ex secretaria general, quien también ocupó las funciones de presidenta del partido, presentó escrito de contestación a la queja, fue hasta el 22 de octubre de 2021 cuando se acordó la contestación de la respuesta, 465 días después. También sostuvo que la Comisión de Justicia partidaria no cumplió con su deber de desahogar las etapas del procedimiento sancionador sin demora.
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