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XALAPA.- Luego de que el gobierno de Guatemala autorizó a la Fiscalía General de la República cumplir la orden de aprehensión por desaparición forzada en contra de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, delito que ha sido negado por el ex mandatario, el pasado 24 de diciembre un juez dejó sin efectos una suspensión provisional, con la que Duarte de Ochoa mantenía detenido el proceso en su contra por desaparición forzada. Y aunque la orden de aprehensión fue cumplida por las autoridades de la Ciudad de México, el amparo impedía que Duarte pudiera ser presentado a una audiencia inicial por dichas acusaciones formuladas por la Fiscalía de Veracruz. De hecho, a través de otro amparo, la defensa del ex gobernador logró atrasar la medida al menos hasta el próximo 4 de enero. Como se recordará, en 2015, el entonces gobernador pidió licencia para, supuestamente, enfrentar todas las acusaciones que se venían haciendo en su contra, lo que anunció durante una entrevista exclusiva con Carlos Loret de Mola. Posteriormente, se supo que había dejado el país. Fue hasta 2017 que la entonces Procuraduría General de la República anunció que Duarte había sido localizado en Guatemala, y con ayuda de las autoridades de aquel país fue detenido y posteriormente extraditado a México. Ya en territorio nacional fue ingresado al Reclusorio Norte, donde permanece hasta la fecha purgando una condena de 9 años dictada por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, de los que se declaró culpable. De vez en cuando el exgobernador publica mensajes en sus redes sociales a través de sus abogados. En diversas entrevistas y cartas enviadas a medios de comunicación, Duarte ha sostenido que es inocente de todos los cargos por los que ha sido señalado y "linchado" junto a su familia, y afirma que tanto su entrega y extradición fueron parte de un pacto con las autoridades federales. Lo cierto es que el ahora exesposo de Karime Macías permanece a la espera de la decisión final del juez, para saber si enfrentará las acusaciones o logrará la protección federal, que le evitaría el ser juzgado por este crimen. En una misiva enviada a la periodista Azucena Uresti, el ex gobernador sostuvo que jamás ha ordenado ni ha participado en la desaparición de persona alguna, alegando que no ganaría nada con desaparecer a los familiares de aquellos que lo señalan directamente por este delito. Además, el expriista ha cumplido ya la mitad de su condena por el caso de desvío de recursos, por lo que podría solicitar el beneficio de la libertad condicional por su buen comportamiento. Así las cosas.
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