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XALAPA.- Para garantizar que la nueva ley que permite la práctica del aborto se cumpla es necesario capacitar a los jueces y a los trabajadores de la salud para que conozcan los alcances de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de interrupción legal del embarazo, puntualizó la coordinadora de la asociación civil Equifonía, Adriana Fuentes Manzo. “Que se capacite al personal que tiene que atender los servicios de salud, a jueces y juezas porque de lo contrario denotaría la ignorancia total las juezas y jueces locales y federales si no aplicaran los preceptos que la corte ha señalado y desafortunadamente aún nos encontramos con estos personajes”, expresó. Insistió en la necesidad de la capacitación, para que quienes pretendan negarse a cumplir con la norma, ya sea por desconocimiento o cualquier otro motivo, sepan que estarían violando derechos humanos. La capacitación, puntualizó, incluso es necesaria porque es el personal de salud el que hace las denuncias de los intentos de aborto de las mujeres ante las autoridades, incluso de manera anónima, provocando la criminalización de las mujeres. Por eso, insistió, se les debe capacitar, para que conozcan la nueva normatividad y sepan cuando tienen que actuar ya dentro de la ley para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. En el mismo sentido enfatizó que es necesario el monitoreo de que se cumple la ley en las instituciones de salud públicas y privadas, y para que esto ocurra el personal debe ser capacitado. Por lo mismo insistió en que se debe capacitar incluso al personal de la fiscalía y a los jueces para que sepan cuando se da una violación a lo regulado y cuando se actúa dentro de la norma ya permitida. Por esto mismo, también se pronunció por la divulgación entre la sociedad de las nuevas leyes sobre el aborto, para que su aplicación no pase desapercibida. Remarco que en “Veracruz apenas el 20 de julio cambió la tipificación del tipo penal de aborto y ahora lo que estamos monitoreando van a ser también los servicios, porque tenemos una alerta por agravio comparado, pero nos encontrábamos que no se aplicaban mínimamente las causales que ya se tenían en el marco normativo y que además existe un desconocimiento”. Dijo que la asociación que representa ha hecho el acompañamiento de procesos contra niñas víctimas de violencia sexual que resultaron con embarazos y que se enfrentaban con que en el código penal estaba restringido a que la interrupción del embarazo era en los primeros 90 días “y el personal médico se aprendió el código”. El 20 de julio Veracruz se convirtió en la cuarta entidad del país en avalar la despenalización del aborto. La primera entidad en aprobar la interrupción legal del embarazo (ILE) fue la Ciudad de México en 2007, de ahí siguió Oaxaca en 2019, luego Hidalgo la aprueba el pasado 30 de junio. Ese día los legisladores aprobaron la iniciativa presentada por la diputada morenista Mónica Robles Barajas, en la cual se establece que cualquier veracruzana puede interrumpir el embarazo hasta el tercer mes de gestación. El aborto –según la iniciativa– solo será delito si se realiza después de este plazo, y únicamente se sancionará cuando se haya consumado, es decir, no existe la tentativa. Además, se establece que será delito si realiza en contra de la voluntad de la embarazada, lo que se denomina aborto forzado. “El aborto clandestino, que es a lo que orilla una legislación como la que tenemos ahorita en el estado, sí es un problema de salud pública. Penalizarlo no evita que se practique, pero además lo que sí hace es que se practique en condiciones insalubres y de clandestinidad donde las mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida. Eso es lo que sí sucede con la legislación que tenemos actualmente”, resaltó en esa ocasión Mónica Robles.
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