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Al grito de “no somos criminales, somos trabajadores internacionales”, migrantes, en su mayoría de Haití, recorrieron una vía de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas -fronterizo con Guatemala-, donde han estado varados en algunos casos por meses esperando por trámites migratorios. Muchos de ellos provienen de Brasil y Chile a donde llegaron tiempo atrás huyendo de la pobreza de la isla caribeña azotada por terremotos, la pandemia del coronavirus y agitación social y política. Lo cierto es que la masiva presencia de migrantes ha desbordado Tapachula y miles de ellos viven y duermen a la intemperie en las calles, pasando hambre y penurias ante la imposibilidad de ser atendidos en la estación migratoria Siglo XXI, que pese a ser la más grande del país sólo puede acoger a poco menos de 1 mil personas, lo que hace crítica su estancia en tanto el Gobierno ni por razones humanitarias resuelve el problema, en una sumisión a Estados Unidos que lo convirtió en muro a cambio de vacunas gratuitas. “Estamos suplicando que nos dejen salir de Tapachula, nos están matando de hambre (...) la migración nos maltrata, nos golpea y no nos han ayudado con nada”, dijo Juliana Exime, una haitiana de 30 años, quien narró a Reuters que lleva dos semanas en esa ciudad. La mujer denuncia que la estatal Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no agiliza sus trámites para seguir su camino hacia el norte del país. “Son unos mentirosos (...) Estamos durmiendo en la calle, en la lluvia, estamos enfermando; nos quieren matar y más con esa enfermedad”, dijo en referencia al Covid-19. Funcionarios de migración y efectivos militares han sido denunciados por contener con mucha violencia el creciente flujo migratorio que ingresa por el sur del País, procedente especialmente de países de Centroamérica que azotados por la pobreza y la violencia. “Queremos que nos dejen ir a donde podamos trabajar, no queremos ir a Estados Unidos queremos una oportunidad”, dijo Ana Leslie Martin’s, una hondureña de 48 años, quien asegura estar durmiendo en la calle con hijos y nietos. “Tenemos mucho miedo", dijo la mujer quien salió con su familia de Honduras luego de que su esposo, quien trabajaba como taxista, recibiera amenazas de muerte si no pagaba extorsiones, conocidas con “impuesto de guerra”. Estados Unidos ha pedido a los centroamericanos no emprender el peligroso viaje al norte para intentar cruzar a su territorio con la esperanza de alcanzar mejores condiciones de vida. También ha presionado al gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que los contenga. La llegada en enero de Joe Biden al poder trajo también un alza récord en el número de migrantes centroamericanos que intentan cruzar de forma indocumentada a Estados Unidos, así como los casos de menores que viajan solos y cuyas detenciones al cruzar la frontera han alcanzado máximos de 20 años en los últimos meses. México ha desplegado fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional fuertemente militarizada, para bloquear a los grupos de migrantes, que incluyen a familias completas y niños en brazos, mientras defensores de derechos humanos han advertido sobre los riesgos que corren las decenas de miles de migrantes hacinados en las fronteras norte y sur de México, donde muchas veces son secuestrados, asesinados o víctimas de estafas.
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