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Ni con la “amenaza” del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de hacer públicos los nombres de los magistrados que aceptaran reducir su sueldo para mostrarle a los veracruzanos “quiénes sí estaban de su lado”, han logrado convencer a los 33 magistrados del Poder Judicial del Estado que acepten disminuir sus sueldos y bonos como parte de un plan de austeridad propuesto ante la existencia de un “boquete” financiero de 500 millones de pesos en la administración de ese poder. Y es que, al menos 12 magistrados, es decir más del 30 por ciento de los integrantes, no han avalado la reducción salarial. Lo anterior fue confirmado por el propio mandatario estatal a través de sus redes sociales, al señalar que solo 21 de los 33 magistrados aceptaron disminuir sus sueldos y bonos. En ese tenor, habría que recordar que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz aprobó el Plan de Austeridad para Magistrados, Consejeros y Directores, el cual contempla la reducción del 30 por ciento de su sueldo. Los integrantes del Consejo de la Judicatura aprobaron por unanimidad el plan, que busca eficientar el presupuesto del año 2021, “logrando una administración austera, eficiente y honesta de los recursos públicos”, según dijeron. Como parte de las medidas propusieron reducir el bono trimestral en un 50 por ciento; además de realizar una reestructuración de toda la dependencia. Con este plan se cancelaron en su totalidad los fondos revolventes y los cargos de secretarios adjuntos, así como los vales de gasolina, lo que ha causado inconformidad y resistencia por parte de algunos magistrados. Pese a ello, luego de que el Consejo de la Judicatura determinara el cierre de 29 juzgados de 15 distritos judiciales debido a la falta de recursos para pagar su operatividad, el Colegio de Licenciados en Derecho de Córdoba A.C., a través de un comunicado dirigido a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, y Carlos Quiroz Sánchez, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, solicitó esclarecer el destino del presupuesto presuntamente ahorrado con el cierre de los juzgados. Y es que, los abogados consideraron una violación a los Derechos Humanos de los justiciables y litigantes, la distribución de expedientes a los juzgados que se encargarán de atender la nueva carga de trabajo, según información publicada por la Gaceta del Estado después de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura. También señalaron la oficiosidad del Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al solicitar a Magistrados la reducción de su salario, puesto que aseguran, se está violentando la autonomía del Poder Judicial. Afirmaron que desde la Federación y el Gobierno del Estado se está simulando un falso ahorro, lo que provoca un daño para la impartición de justicia en Veracruz, y mencionaron de manera específica las consecuencias: Mayor ineficiencia y dilación de trámites en juzgados; un subejercicio y sus consecuencias; la violación de los Derechos Humanos de los justiciables y litigantes; seguir exponiendo a presuntos inocentes a una tercera ola de Covid-19, exponiéndolos como parte del sistema, a miembros de juzgados y los familiares de todos ellos. Así las cosas
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