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.- Algo que al Gobierno “ahorrador” de Andrés Manuel López Obrador no le caerá del todo bien será, sin duda, el encuentro que diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas sostendrán este mes con autoridades Federales para impulsar las llamadas “reparaciones integrales comunitarias”, las cuales podrían representar una alternativa a la entrega individual de indemnizaciones económicas para las víctimas de este delito. Y es que de acuerdo a Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), una de las regiones en donde se ha discutido más acerca de esta posibilidad es Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde unas 600 personas habrían sido víctimas de desaparición en las décadas de los 70 y 80. “En Atoyac está el tema de la reparación integral comunitaria. Vamos a ver si podemos reunirnos con otros colectivos y con (el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas), a mediados de marzo, pero todavía no tengo la certeza” sobre la viabilidad del encuentro, indicó el activista. Mata señala que el mencionado esquema busca presentar una alternativa a las reparaciones integrales que normalmente ofrece el Estado mexicano, que consisten en una indemnización económica, un reconocimiento de responsabilidad y atención médica y sicológica para los afectados. Las “reparaciones integrales comunitarias” consistirían en que la entrega de recursos a los familiares de víctimas sea en montos más pequeños, pero permanentes, por el riesgo de que los beneficiarios sean blanco de la delincuencia. De forma paralela, este esquema implicaría que el Estado se comprometa a mejorar el entorno social en el cual viven las personas que han sufrido la desaparición forzada de un ser querido, pues de esta forma se beneficiaría no sólo a un individuo, sino a todo un conjunto de ellos que también fueron afectados por fenómenos delictivos o violaciones graves de derechos humanos. “Muchísimas colonias en Atoyac no tienen agua, y muchos de los jóvenes o niños que vivieron ese clima de terror (de la llamada ‘guerra sucia’ en dicha zona de Guerrero) no pudieron estudiar, estuvieron desplazados o perdieron cosechas, animales o tierras. “Hay gente que estuvo mal emocionalmente por mucho tiempo debido a las torturas. La gente vive muy mal, y podría haber inversión para proyectos productivos y económicos, para escuelas, becas para la gente, agua y drenaje, toda una serie de obras de infraestructura para las comunidades, porque finalmente la gente peleó por eso”. Señaló que la entrega de reparaciones económicas individuales en muchas ocasiones también genera disputas dentro de la familia de las víctimas, lo cual también abona al rompimiento del tejido social. De igual manera, destaca que el pasado 1 de marzo se cumplieron 46 años de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, en cuyo caso hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “aún no se cumple en los términos” que dictó ese organismo.
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