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.- Luego de que el pasado sábado un juez otorgó libertad bajo fianza al único detenido por este caso, un taxista identificado como José Antonio “N”, alias “El Tigre”, colectivos de familiares de personas desaparecidas y seres queridos de Sandra Jennifer Giraldi Hernández, desaparecida el 14 de septiembre de 2012, se manifestaron afuera de las instalaciones del Poder Judicial de Veracruz. Los familiares que el pasado domingo también acudieron a la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Xalapa a manifestase, criticaron que el juez haya determinado la liberación del detenido con el pago de una fianza de 70 mil pesos, a pesar de ser señalado por el delito de privación de la libertad. Los manifestantes exigieron audiencia con la magistrada presidenta del Poder Judicial en Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, debido a que denunciaron que el fiscal regional de Xalapa, Sergio Abel Verdejo, y el fiscal adscrito José Manuel Enríquez Gómez, tampoco han informado a la familia sobre la investigación del caso 551/2017. En ese tenor, la integrante del Colectivo Familias Enlaces Xalapa, Anaís Palacios Pérez, cuestionó que el caso sea investigado como privación ilegal de la libertad y no como desaparición de personas, dado que cuando se cometió el delito no existía esa tipificación, por lo que este podría ser el mismo camino que sigan otros casos de larga data. Explicó que se maneja que en el momento de la desaparición, que fue en septiembre de 2012 no existía la tipificación del delito de desaparición “y parece que la figura bajo la cual se hacía la investigación era la privación de la libertad, pero no es una pena equiparable a la de una desaparición. Estas dificultades y vacíos legales no han sido encaminados para los casos de larga data y nos preguntamos si será éste el panorama que les espere a los familiares de personas desaparecidos en esa temporalidad”, señaló. La activista dijo que tras casi nueve años de la desaparición de Sandra Jennifer Giraldi Hernández no hay información satisfactoria para su localización y menos aún con la liberación de uno de los presuntos responsables, a pesar de que la joven de 23 años fue vista por última vez cuando subió a la unidad del taxista. “Este pequeño paso en la detención de una persona vinculada a su desaparición representaba la oportunidad de tener informes y parece que esto se desvaneció en el momento en que liberaron a esta persona”. Lamentó que se manejaba el dato no oficial de que pagó una fianza de 70 mil pesos, “ese es el monto por el cual pueden ser liberados personas que tienen datos valiosos o que incluso tengan la responsabilidad de cometer las desapariciones”, concluyó.
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