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XALAPA.- Al insistir en la importancia de disminuir el gasto del sector público, y reiterar que es necesario acabar con la simulación; “es decir, establecerlo por ley y no estar pagando por un organismo que sirve para esconder prácticas corruptas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó nuevamente de paleros y alcahuetes a los organismos autónomos, y subrayó que fueron creados para simular. Por ello reiteró su criterio en cuanto a que el País no puede destinar miles de millones de pesos al año en organismos encabezados por consejeros que ganan 300 mil pesos mensuales y se dan la gran vida con el dinero del pueblo. Al ser cuestionado en torno a la actuación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Fiscalía General de la República en el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el Presidente negó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) haya contribuido a destapar casos de corrupción, sino al contrario. Puso como ejemplo que el INAI tapó la transa Odebrecht. ¡No!, yo no conozco nada, discúlpeme. O sea, tenemos otros datos, nada. Al contrario, ellos fueron los que ocultaron lo de Odebrecht. Argumentó que los consejeros del instituto ocultaron también la lista de las grandes corporaciones beneficiadas con condonaciones de impuestos, y tampoco se vio su trabajo cuando se pagaron 16 mil millones de pesos en contratos relacionados con ocho penales federales, por lo que no se ve el aporte de este tipo de organismos. En el mismo sentido, defendió la austeridad en el gasto público y ladesaparición de los fideicomisos que permitió disponer de 75 mil millones de pesos para hacer frente, por ejemplo, a la pandemia, sin adquirir deuda. Y nada más porque los que crearon esos organismos para simular, que forman parte de la banda de saqueadores, nada más porque a ellos no les gusta nos vamos a quedar callados. No, vamos a debatirlo. Esto es la transformación. Subraya que los contrapesos a las decisiones del Ejecutivo son el Poder Legislativo –con una auditoría independiente que funcione– y el Estado en su conjunto, mientras que los periodistas pueden seguir haciendo su trabajo para obtener información pública sin que al erario le cueste miles de pesos cada año.
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