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.- La intención de eliminar la participación de la Fiscalía General de la República en el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) dificultaría el cumplimiento de las acciones relacionadas con el diseño, evaluación de procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de desaparecidos, y esto afectaría la naturaleza del sistema como mecanismo de cooperación interinstitucional, así como la gestión de información y registros entre todos los actores que lo conforman, asume el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La institución humanitaria internacional enfatizó que si bien hay logros, existen muchos retos para la adecuada implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, a tres años de su implementación, pues de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México se reportan 82 mil 323 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 7 mil 38 desaparecieron durante el 2020. “Lo anterior indica que la problemática persiste y que se requieren mantener los esfuerzos realizados hasta el momento”, subrayó Martin de Boer, jefe de operaciones del CICR para México. Y es que la iniciativa de reforma propone además desligar la búsqueda de la investigación, lo que podría ocasionar una fragmentación más profunda entre estas dos líneas fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas en el país. “La búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal son procesos que se refuerzan mutuamente, por lo que resulta clave seguir consolidando mecanismos y procedimientos que propicien una efectiva comunicación y coordinación entre la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda, tanto a nivel federal como estatal, y así garantizar el derecho a la verdad y justicia para las familias”, planteó De Boer. En ese contexto refiere que el CICR ha reconocido la ley en materia de desapariciones como un importante instrumento para ofrecer mejores y prontas respuestas a los familiares de las víctimas, por lo que exhortó a mantener el trabajo colaborativo para continuar profundizando su implementación, manteniéndola a salvo de iniciativas legislativas que podrían poner en riesgo lo ganado. “Durante estos tres años se han logrado importantes avances en la implementación de esta ley. Los colectivos y familiares de personas desaparecidas, junto a las autoridades, han trabajado incansablemente para crear mecanismos de búsqueda e instrumentos jurídicos locales que respondan a sus necesidades. Hoy contamos con 15 leyes estatales aprobadas que permiten una protección más amplia de los derechos de las víctimas de desaparición y sus familiares”, señaló De Boer. Resaltó también que en 2020 se alcanzaron importantes logros para alcanzar justicia en esta materia, como la conformación de las comisiones de búsqueda en todas las entidades federativas y la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda, que permite establecer la distribución de competencias entre las distintas instituciones concernidas; la ley además creó mecanismos especiales como el SNB, para la coordinación entre diversas instituciones, y el Sistema Único de Gestión de Información Tecnológica e Informática, para asegurar que la información pueda compartirse entre instituciones.
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