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.- Mientras en el Poder Judicial se hacen pedazos entre la cúpula morenista, en Veracruz existe impunidad en el 91.2 por ciento de los delitos lo que quiere decir que 9 de cada 10 delitos que se denuncian no son resueltos, y el 95 por ciento de las investigaciones iniciadas se dieron sin detenido, lo que ubica a la entidad entre las cinco entidades con los porcentajes más bajos, apenas después de Tabasco, Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas. Además, de acuerdo con un informe de México Evalúa “Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, Veracruz se ubica en el lugar 30 entre los 32 estados del país con el menor avance en la implementación y ejecución del sistema de justicia penal, pese a que ha recibido más de mil 600 millones de pesos de 2016 a 2019 para ese fin. En el mismo sentido, el Informe revela que del total de investigaciones abiertas en Veracruz, el 80 por ciento fueron enviadas al archivo temporal, con lo cual se ubica entre las seis entidades peor calificadas en este tema. También, solo el 1.3 por ciento de las carpetas iniciadas resultan en vinculación a proceso, mientras que a nivel nacional el promedio es de 3.4 por ciento. A ello se agrega que en Veracruz el sistema de justicia penal enfrenta una congestión en causas penales, ya que los casos sin resolverse, es decir, en trámite, llegan a ser el 71.3 por ciento del total, mientras el promedio es del 48.2 por ciento. El informe advierte que en Veracruz solo el 2 por ciento de los delitos judicializados en causas penales lograron sentencias, a pesar de que el promedio nacional es de 13 por ciento, lo que quiere decir que Veracruz se ubica entre los seis estados peor evaluados del país, junto con Sonora con 2 por ciento, y Puebla, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala con uno por ciento. El informe también señala que el sistema de justicia penal se encuentra aún en estado de inmadurez, con una característica general: la falta de liderazgo político y de voluntad para consolidarlo. En este marco, el estudio refiere que en Veracruz existe un rezago en cuanto al diseño presupuestal del recurso entregado, que no corresponde con las necesidades del estado y como resultado hay dependencias con un déficit de personal especializado como es el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE), en relación con el número de policías ministeriales, fiscales, peritos y jueces. Así las cosas, de los 900 puntos posibles en 2019, Veracruz obtuvo apenas 293 puntos, con lo cual sólo se encuentra por arriba de Nayarit, que obtuvo 284 puntos y Guerrero, 278; en contraparte Querétaro obtuvo 727 y Baja California 641 puntos. El informe revela que hay un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo. Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguida de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán. En contraparte, las entidades peor evaluadas en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo. Entre los hallazgos, se establece que los presupuestos asignados a las dependencias y organismos públicos no responden a sus necesidades, pues mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz obtuvo 68 millones 142 mil 564 pesos en 2019, la Fiscalía General de la entidad recibió 14 millones 794 mil 706 pesos; esto es, por cada peso otorgado a SSP, recibió apenas 0.24 pesos. A su vez, la Defensoría Pública no recibió presupuesto y la Comisión Estatal de Atención de Víctimas (CEAV) tuvo una asignación de un millón 190 mil pesos, contra los 22 millones 523 mil pesos otorgados al Poder Judicial de Veracruz. Lo anterior ha generado un rezago en materia de impartición de justicia que se refleja en que en la FGE se tienen 2.86 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, cuando en promedio a nivel nacional son 3.94; este atraso también se presenta en el número de policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, pues mientras el promedio nacional es de 9.93, en la entidad es de 0.62. En cuanto a fiscales, el promedio nacional es de 9.60 por cada 100 mil habitantes, pero en Veracruz es de 5.88; el número de peritos ni siquiera fue informado y los jueces son 3.52 por cada 100 mil habitantes, mientras el promedio nacional es de 3.77; los defensores también son insuficientes con apenas 0.28 por cada 100 mil personas, cuando la media es de 2.23. El informe señala que esto ha generado que el índice de confianza en el sistema de justicia penal sea muy bajo ya que es de -7.9 por ciento en la entidad, debido a que un alto porcentaje de los casos que son conocidos por las autoridades no reciben una respuesta efectiva por parte de éstas, aun cuando el diseño del sistema de justicia prevé diversidad de posibles respuestas y elementos suficientes para su atención. En ese sentido, el informe concluye que se trata de una señal de alerta que requiere ser atendida con urgencia ya que, en este caso, se dejan fuera los delitos ocurridos que no son del conocimiento de las autoridades, lo cual estaría dando señales de un problema más grave. Así las cosas.
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