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| Exigen cese de secretaria de seguridad por “suicidio” de detenido en caso Luis Miranda Cardoso. | ||||||
| Los diputados recordaron que el pasado 11 de agosto, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Sector Popular (Sánchez) de Toluca, fue localizado sin vida el exnotario público, quien fuera presidente del Poder Judicial estatal durante el mandato de tres gobernadores. | ||||||
| Jueves 20 de Agosto de 2020 | ||||||
| Por: Proceso | ||||||
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A través de un pronunciamiento suscrito por los legisladores morenistas Max Correa, Gerardo Ulloa, María de Jesús Galicia, Rosa María Zetina, Bryan Tinoco y Benigno Martínez, y las petistas Imelda López y Martha Delgado (8 de 15 miembros de la Permanente), también se condenó el asesinato de Miranda Cardoso y exigió a la Fiscalía General de Estado de México (FGJEM) “una profunda investigación con relación a los hechos, haciendo pública toda la información al respecto”. Los diputados recordaron que el pasado 11 de agosto, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Sector Popular (Sánchez) de Toluca, fue localizado sin vida el exnotario público, quien fuera presidente del Poder Judicial estatal durante el mandato de tres gobernadores. Ulloa Pérez indicó que el 16 de agosto, tras una “eficiente investigación” y en cuestión de horas, la Fiscalía mexiquense determinó la presunta responsabilidad de Arturo “N” en el homicidio y dio cuenta de su ingreso al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez. Dos días después de que la autoridad judicial decretó prisión preventiva a Arturo “N”, destacó, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, instancia responsable de la administración de los centros penitenciarios en la entidad, difundió, mediante una tarjeta informativa, que el detenido había sido encontrado sin vida en su celda, y aseguró que “se iniciaron indagatorias al respecto”. Los legisladores advirtieron que Arturo “N” no era un interno común, sino el probable responsable del homicidio de un hombre que presidió uno de los poderes de la entidad mexiquense y padre de un político del más alto nivel en el sexenio del exgobernador y expresidente Enrique Peña, “quien ha sido relacionado en distintas actuaciones de dudosa legalidad y presuntos actos de corrupción”. Por el contexto y circunstancias que sobre su persona recaían, expusieron, debió tenerse especial cuidado para garantizar la integridad personal de este hombre. El artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indicaron, refiere que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, y a partir de que una persona es privada de la libertad, pasa a ser tutelada y vigilada por el Estado, quien debe garantizar las condiciones necesarias para preservar la vida, seguridad, salud, etc. Además, destacaron, el catálogo de 25 principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en Las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que estas tienen derecho a un trato humano, a la protección de la Ley, a la salud y alimentación, si bien esas condiciones no se respetan en los centros de reclusión mexiquenses. Los legisladores aprovecharon para reprobar y condenar los hechos de corrupción, tráfico de influencias y el amiguismo que impera dentro del sistema penitenciario estatal, como se evidenció con este caso. El posicionamiento no fue respaldado por los priistas Lorena Marín y Juan Maccise, ni por la panista Brenda Escamilla; en tanto la perredista Araceli Casasola, la panista Karla Fiesco y el priista Plácido Espinoza no acudieron a la sesión. |
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