De Veracruz al mundo
FGR presenta pruebas contra Lozoya.
La Fiscal General de la República (FGR) sostuvo que Emilio Lozoya Austin argumentó ante el consejo directivo de Petróleo Mexicanos (Pemex), que era primordial la adquisición de la planta de fertilizantes agronitrogenados que pertenecía a Altos Hornos de México (AHMSA).
Martes 28 de Julio de 2020
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.- La Fiscal General de la República (FGR) sostuvo que Emilio Lozoya Austin argumentó ante el consejo directivo de Petróleo Mexicanos (Pemex), que era primordial la adquisición de la planta de fertilizantes agronitrogenados que pertenecía a Altos Hornos de México (AHMSA).

Por ello, la FGR solicitó la vinculación a proceso de Lozoya, y como dato de prueba entregó la nota criminal presentada el 5 de marzo de 2019, por la representante legal de Pemex, Martha Edith Márquez Acosta, donde denunció de la compra, en el año 2012, de la planta de agronitrogenados, para lo cual se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones eran para reactivar sus funciones.

Sin embargo, el primero de diciembre de 2013 se aumentó el avalúo a 475 millones de dólares, ante lo cual se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes (Indaabi) que estimara el precio real de la planta, sin embargo luego se decidió que este avalúo lo hiciera una firma comercial.

Finalmente, la transacción se concretó por 264 millones de dólares por los activos y 11 millones por los inmuebles de la planta, empero, luego esta última cifra se incrementó a 380 millones de dólares.

Posteriormente, el Indaabin confirmó que la planta tenía 14 años inactiva, mientras que PMI de Norteamérica, filial de Pemex, determinó que el 82 por ciento de la maquinaria de agronitrogenados necesitaba cambiarse.

La FGR también presentó como indició de prueba la denuncia que el 2 de mayo de 2019 presentó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de Emilio Lozoya, su hermana Gilda, y Alonso Ancira, dueño de AHMSA.

El ex director de Pemex es asistido por sus abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, ambos del despacho Criminal Compliance.

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