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| Avalan prisión oficiosa a corruptos. | ||||||
| Las leyes reglamentarias concretan también la cárcel a involucrados en explotación de menores, delitos electorales y huachicol | ||||||
| Martes 28 de Julio de 2020 | ||||||
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Las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, avalaron este lunes el dictamen para la homologación de leyes con la Constitución, y que personas que cometan dichos delitos pisen la cárcel de inmediato, además de aumentar las multas y penas en prisión. El miércoles, el Pleno del Senado aprobará dichas modificaciones en una sesión extraordinaria. La reforma que fue aprobada a principios de 2019 adicionó dichos delitos para que sean considerados como graves, pero estaba incompleta, pues se necesitan las leyes secundarias para armonizar la Constitución con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley en Materia de Delitos Electorales. A pesar de la resistencia de algunos partidos para integrar el feminicidio como delito que amerite prisión preventiva oficiosa, el dictamen lo incluye para dar fin a la controversia. El documento precisa que el juez de control ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de “abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. También habrá prisión oficiosa a los que cometan actos de corrupción, por ejemplo, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Entre las modificaciones incluyeron considerar objetos que tengan la forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar a la víctima como medios violentos que se utilicen en delitos. Entre las penas más altas que se incluyeron son 15 años de prisión a servidores públicos que cometan delitos electorales; además de aumentar a ocho años de prisión a quien posea cartuchos para armas de fuego exclusivas del Ejército. |
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