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| Anabel Hernández: El polígrafo reveló en 2017 que la PF supo que los normalistas serían atacados. | ||||||
| Anabel Hernández, autora de La verdadera noche de Iguala, señala que hace pocas semanas tuvo acceso a un expediente secreto relacionado al caso Ayotzinapa, en el cual se revela parte del actuar de policías federales durante el ataque. | ||||||
| Miércoles 15 de Julio de 2020 | ||||||
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“Utilizando la prueba del polígrafo (detector de mentiras) y a través de intensos y rigurosos interrogatorios practicados a elementos de la PF adscritos a Iguala y a un alto funcionario de oficinas centrales de la corporación, a Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Federal logró romper la omertá entre los policías federales y obtuvo de ellos declaraciones que revelan información nueva sobre lo realmente ocurrido la noche del ataque y desaparición”, escribe Hernández, autora de Los señores del narco, en el medio DW. La autora de La verdadera noche de Iguala señala que hace pocas semanas tuvo acceso a un expediente secreto relacionado al caso Ayotzinapa. “Un expediente que se supone es información clasificada y que seguramente nadie esperaba que un día pudiera salir a la luz pública. Se trata de un reporte fechado el 14 de septiembre de 2017, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Federal, encabezada por la Comisionada María Luisa Saucedo López”. El expediente es un resumen de una investigación interna realizada en 2015 y 2016 sobre la participación de elementos de la Estación de la Policía Federal de Iguala en los hechos. “La investigación de la UAI descubrió que la Policía Federal, que dependía del gobierno de Peña Nieto, tuvo información anticipada del ataque contra los normalistas. Es decir, sabía que iba a ocurrir. Asuntos internos también logró revelar que los federales actuaron contra los normalistas desde el inicio del ataque, a las 21:15 del 26 de septiembre de 2014 en la Central de Autobuses de Iguala. Y confirmó que también estuvieron activos y presentes en el segundo ataque perpetrado contra el autobús 1531 de donde desaparecieron algunos de los 43, entre ellos Christian y Alexander, los únicos dos estudiantes encontrados -sin vida- del grupo, escribe Anabel Hernández en el texto El expediente secreto de la Policía Federal sobre el caso Ayotzinapa”, publicado este mismo día en DW. “El entonces titular de la Estación de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías, y otros funcionarios fueron acusados por sus propios compañeros de tener vínculos con la delincuencia organizada, aunque no especificaron con qué grupo. Dorantes Macías fue protagonista esa noche y diez días después presentó su renuncia y se fue a casa como sin nada hubiera pasado. Sus jefes lo dejaron ir”, añade la investigadora mexicana. “El reporte, del cual tengo copia, también revela que los mandos de la Policía Federal de las oficinas centrales nacionales, ubicadas en la Ciudad de México, tuvieron información en tiempo real de los hechos, pero no se sabe cuáles fueron sus órdenes”, agrega. Las autoridades mexicanas identificaron a principios de junio los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa casi seis años después de la tragedia, en un hecho que acabaría con la versión oficial del Gobierno anterior y que, de paso, abre camino a la certeza. Con Ayotzinapa como uno de grandes pendientes a resolver en un país azotado por la violencia y la inseguridad, en diciembre de 2018, recién iniciado su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia. En junio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció una unidad especial autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas. En febrero de 2020, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa con ayuda de la FGR y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un mes después, firmó un acuerdo con la Corte y la FGR para esclarecer la desaparición de los estudiantes. “Hicimos el acuerdo porque hay una necesidad de aclarar lo sucedido y se tiene que saber la verdad”, dijo hoy López Obrador en su conferencia de todos los días. La FGR ordenó detener a 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes en una nueva etapa de la investigación que pretende tumbar la llamada “verdad histórica” construida por el Gobierno anterior de que los estudiantes fueron quemados en un basurero. Además, se logró la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes. –Con información de EFE |
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