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| CEAV advierte que decreto de austeridad paraliza su funcionamiento. | ||||||
| La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) advirtió que el decreto de austeridad paraliza su funcionamiento | ||||||
| Martes 02 de Junio de 2020 | ||||||
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Señaló que, en comparación con otras dependencias u órganos del gobierno federal, la CEAV tendrá un impacto mayor en su funcionamiento, además que no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados y gran parte del personal fue contratado de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing. El órgano enfrenta además 453 juicios de amparo y 46 juicios laborales por montos millonarios.
Determinan reducción de gasto “Aunque la CEAV argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos “Sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, señalo la Comisión. Indicó que por el recorte presupuestal no será posible pagar la renta ni servicos de luz y agua, entre otros, de las oficinas centrales ni de los 32 centros de atención integral del país. “El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado”, señaló. Aseguró que se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras. “El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias. “La reducción del 30 por ciento de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año”, informó. |
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