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La Jornada
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Ciudad de México.- Las denuncias por tortura hechas por los ejidatarios de San Salvador Atenco, por los hechos de represión que sufrieron en mayo de 2006, deben seguir siendo investigadas y no pueden darse por prescritas, según determinó este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con base en precedentes jurisprudenciales y en tratados internacionales que señalan que los delitos de lesa humanidad, como es la tortura, no pueden prescribir, los ministros votaron por unanimidad por negar el amparo a un policía del Estado de México acusado de cometer este delito.
El proyecto, elaborado por el ministro Mario Pardo Rebolledo, señala: “Tratándose de delitos como el de tortura, la grave violación de derechos humanos que implica, hace la diferencia con otro tipo de ilícitos que no alcancen ese carácter, y por tanto, excepciona los plazos fijados al Ministerio Público, a fin de que perfeccione la acción penal; pues de otra manera, se contravendría su carácter de imprescriptibilidad que ya decretó esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente a efecto de que se investiguen y sancionen las graves violaciones a derechos humanos que representa”.
El quejoso era el policía Baltazar Nateras Nava, acusado de tortura sexual, quien inicialmente obtuvo un amparo por parte de un juez de distrito, lo que le permitió salir en libertad, sin embargo un tribunal colegiado revirtió esta decisión, la cual fue confirmada por la SCJN.
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