De Veracruz al mundo
Dan revés a la FGR en litigio por sede.
Luego de los sismos de 2017, la desaparecida PGR puso a disposición del Indaabin cuatro de sus inmuebles, entre ellos el edificio donde era su sede
Martes 03 de Diciembre de 2019
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.- La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar la afectación a su patrimonio por parte del extitular del Instituto de Administración de Bienes Nacionales (Indaabin), que concesionó tres inmuebles de la dependencia, entre estos el que era su sede en Paseo de la Reforma 211.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió no vincular a proceso a Julio César Guerrero, expresidente del Indaabin, a quien se le acusó el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

La audiencia comenzó a las 11:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur y el Ministerio Público formuló imputación en contra de Guerrero, quien estuvo en el cargo cuatro meses, de julio al 30 de noviembre de 2018 y actualmente es subsecretario de Fomento Industrial en el Estado de México.

De acuerdo con la investigación, luego de los sismos de 2017, la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) puso, en febrero de 2018, a disposición del Indaabin, cuatro de sus inmuebles porque tenían daños en su estructura y pidió su enajenación y que el dinero producto de esa venta se le diera como ingresos excedentes.

Con la venta de esos inmuebles: el de Reforma 211 y 213, el de la calle Jaime Nunó, en la Colonia Morelos y en calle Tonalá, la ahora FGR esperaba comprar un nuevo edificio sede en Insurgentes 20 por el que paga alrededor de 18 millones de pesos de renta mensual.

La Fiscalía pidió al Indaabin el dinero de la enajenación o la devolución de los inmuebles y un mes después el instituto le informó que concesionó tres a Corporación Inmobiliaria Ejército para que los remodelaran y usaran para oficinas, comercios y hoteles, además que debían sacar al personal de los edificios.

La FGR consideró que las concesiones fueron ilegales y se hicieron con un valor muy por debajo del real, además que uno de los empleados de Guerrero realizó dicha concesión y el imputado no hizo algo para evitarlo.

El juzgador determinó que el Ministerio Público no pudo acreditar la afectación patrimonial, además que judicializar no es el mecanismo idóneo para determinar de quién es la titularidad de los bienes patrimonio de la Federación.

“Se imputó a Julio César Guerrero que no debió permitir la concesión de los bienes, sin embargo, no se acreditó la existencia de una afectación patrimonial”, indicó Delgadillo Padierna.

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