De Veracruz al mundo
Aunque percepción es que muchos taxistas están ligados a la delincuencia, líder denuncia que son los de Uber, Cabify e In Driver.
No obstante advierte que aquellos conductores de unidades privadas que sean detectados prestando el servicio de transporte público serán denunciados ante la FGE, una dependencia que pareciera no existir a partir de la llegada de Verónica Hernández Giadáns.
Lunes 07 de Octubre de 2019
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.- Son tanto los taxistas –y no taxistas- que en tiempos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa fueron beneficiados de manera clientelar con juegos de placas para taxis, que actualmente hay más concesionarios que autos particulares, lo que se ha convertido en una tragedia para ese gremio que amaga con detener a automovilistas particulares que presten servicio de transporte público para denunciarlos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).



Y agobiados porque las unidades particulares comienzan a tener más éxito que un taxi, el presidente del Movimiento del Transporte Multimodal en el País, Carlos Manuel Sosa Madrazo dice que están en contra de la utilización de aplicaciones como Uber, Cabify e In Driver, ya que además de ilegales ponen en riesgo a la población, cuando en realidad, quienes más ponen en riesgo a la población son, precisamente, taxistas ligados en alto grado a grupos delincuenciales como ha quedado de manifiesto en infinidad de levantones o secuestros.




Pero el dirigente dice que el transporte mediante plataforma “no están concesionados, no tienen cromática, y los usuarios se exponen porque esas aplicaciones roban la información de la gente y hay mucha inseguridad, y que en el caso Veracruz hay al menos una que pretende entrar y que se llama In Driver que buscar brindar el servicio principalmente en Xalapa y Veracruz, las autoridades competentes están interviniendo para detenerla porque no está regularizada.




No obstante advierte que aquellos conductores de unidades privadas que sean detectados prestando el servicio de transporte público serán denunciados ante la FGE, una dependencia que pareciera no existir a partir de la llegada de Verónica Hernández Giadáns.




Por ello el dirigente hace un llamado a la sociedad para que no arriesguen su patrimonio, ya que la ley marca cárcel de 3 a 6 años, y van a denunciar ante la Fiscalía al próximo que detengan; “lo vamos a denunciar y son más de 120 mil pesos de multa”.





Y contrario a lo que muchos suponen, insiste en que la sociedad que usa esas aplicaciones se pone en riesgo porque son en esos vehículos en donde se han registrado casos de secuestro, asesinatos y robos.





“Es lavado de dinero, se va fuera del país, no hay quién los regule (…) han robado a la gente, han secuestrado, y nadie los regula”, e reitera que la diferencia con los taxistas concesionados es que si existe alguna irregularidad o delitos, se denuncia y se puede cancelar la concesión.

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