De Veracruz al mundo
PRD pide a Cuitláhuac García entregar recursos retenidos a municipios de Veracruz.
El PRD informó que los ayuntamientos de esos municipios denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la indebida retención de recursos
Lunes 18 de Marzo de 2019
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Foto: Notimex.
.- La diputada Azucena Rodríguez Zamora se congratuló que la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal se haya pronunciado en favor de que el gobierno de Veracruz pague los más de mil 400 millones de pesos de transferencias federales de 2016 que retuvo la administración de Javier Duarte de Ochoa a 109 municipios de la entidad.



La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Veracruz reveló que, con el desvío de esos recursos, que podrían sumar hasta dos mil millones de pesos, el gobierno de Duarte de Ochoa afectó a los habitantes de esos municipios, sobre todo con el incumplimiento de obras de infraestructura para servicios básicos.



Tras informar que los ayuntamientos de esos municipios denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la indebida retención de recursos y que el 29 de agosto de 2018 el máximo tribunal sentenció al gobierno veracruzano a pagarlos en un plazo máximo de 90 días, la legisladora señaló de desacato al gobierno estatal y a su antecesor Duarte de Ochoa.



En consecuencia, propuso a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar al gobierno de Veracruz que informe detalladamente si ya cumple o no la sentencia de la Suprema Corte.



El pleno de diputados, a su vez, turnó el asunto para su estudio y dictamen a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, la cual reconoció y avaló los argumentos y la propuesta de Rodríguez Zamora.



En su planteamiento, la parlamentaria del partido del sol azteca demandó a la administración estatal de Veracruz actuar con apego a la normatividad y responsabilidad, y no de manera abusiva e interesada.



“Para la sociedad veracruzana -dijo entonces- es importante saber con precisión, municipio por municipio, cuál es el monto de los pagos que ya se han realizado en acatamiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que siguen pendientes y el plan integral, con fechas y cantidades programadas para acatarlas a plenitud”.

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